Los derechos humanos que asisten a las personas offline prevalecen igualmente online. Esta afirmación, a priori de perogrullo, es sin embargo una reivindicación necesaria con la llegada de la denominada cuarta revolución industrial. El mundo digital es democratizador per se: el acceso a Internet pone al alcance de cualquier individuo un universo infinito de información sin hacer distinciones de ningún tipo, pero también ha trastocado la sociedad en todos sus aspectos: la forma de interrelacionarnos, de comunicarnos, de atender a los medios, de desenvolvernos en el mercado, e incluso de operar económicamente se han visto fuertemente alteradas con la irrupción de las herramientas digitales, cuya evolución, por otro lado, se ha demostrado tan veloz como impredecible en algunos casos, sin que la Ley sea capaz de anticiparse, o si lo hace, quedando inexorablemente desfasada en un lapso temporal muy breve.

Por eso, como juristas, nos compete no sólo conformar foros de discusión dónde valorar y proponer avances legislativos que den respuesta a las necesidades de la sociedad actual, sino también proteger activamente los derechos consolidados que defienden la dignidad de todos los ciudadanos, también en su entorno digital. Los derechos humanos, sin duda, son una línea roja que las nuevas tecnologías, por disruptivas que sean, deben siempre respetar pues precisamente el Derecho surge para ordenar la convivencia pacífica y civilizada en sociedad, y a ese objeto continúa debiéndose a día de hoy. Problemática ésta que tampoco es ajena a los organismos internacionales de los que España forma parte (v. g. la Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet, celebrada en São Paulo los días 23 y 24 de abril de 2014, que reconoció, entre otras cosas, la necesidad de que la gobernanza de Internet se base en los derechos humanos y que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet).

En este contexto, desde el ICAM, nos vemos obligados a reflexionar sobre cómo, el cambio de paradigma exige al abogado el conocimiento del medio digital para la adecuada defensa de los derechos de los ciudadanos y cómo ello debe afectar a los programas académicos del grado de Derecho, empleando para ello la labor de nuestro Centro de Estudios, que aspiramos sea pionero y referente en estas cuestiones, así como el apoyo del resto de medios y herramientas divulgativas con las que el Colegio cuenta (v.g. la sección de Robótica, Inteligencia Artificial y Realidad virtual y aumentada, o el Área de Asuntos Digitales). Desde hace unos meses hemos estado involucrados asimismo en la iniciativa del ICAB: Carta de Barcelona por los derechos de la ciudadanía en la era digital.

Además, también vamos a participar en la presentación de la Declaración sobre derechos humanos en entornos digitales de la Universidad de Deusto, el próximo día 6 de febrero en la Deusto Business School. La precitada declaración, apunta en su préambulo diversas claves de la cuestión que nos ocupa y  recoge cómo “la disrupción tecnológica no es neutra, sino ambigua, ya que junto a avances y soluciones técnicas ha generado nuevas problemáticas y conflictos, erosionando incluso derechos fundamentales”. A partir de ahí, desarrollan de forma transversal 16 derechos que engloban la mayoría de factores sustanciales en el entorno digital, reivindicando medidas que aseguren desde la desconexión, el derecho al olvido en internet, la libertad de expresión, la privacidad, la necesaria imparcialidad de la red, la seguridad, las garantías en el comercio electrónico, hasta la protección del legado digital.

También se hace especial hincapié en torno a los datos que, como lo calificaron numerosos expertos, son el petróleo del futuro… un futuro que ya es el hoy. “Los usuarios hemos perdido el control de nuestros datos y es importante retomarlo”, reza el preámbulo de la Declaración elaborada por Deusto. La pulsión entre la búsqueda de una experiencia personalizada para el usuario con la preservación de nuestra intimidad y el control de la información que generamos y compartimos online sin duda será uno de los grandes temas a afrontar por nuestros legisladores. Es evidente que nos queda mucho camino por recorrer, pero también que va a ser apasionante.