La Defensora del Pueblo Europea ha pedido a la Comisión Europea que incluya en sus próximos informes sobre los avances realizados en la aplicación del Acuerdo («Declaración UE-Turquía») una sección independiente centrada en aspectos específicos de su aplicación que conlleven riesgos importantes para el respeto de los derechos humanos y en medidas destinadas a minimizar el impacto negativo sobre los mismos.
Según el Acuerdo, cerrado en marzo de 2016, los solicitantes de asilo y migrantes que pasen de Turquía a Grecia y cuyas solicitudes hayan sido declaradas inadmisibles serán devueltos a Turquía; país que además tomará medidas para evitar que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración irregular.
La Defensora instó a la Comisión a incluir en sus futuros informes de progreso sobre la aplicación del Acuerdo – adoptado por el Consejo Europeo – una sección independiente centrada en los riesgos en materia de derechos humanos y en medidas destinadas a minimizar el impacto negativo sobre los mismos.
Emily O’Reilly afirmó: «Soy consciente del reto extremadamente difícil y de las realidades políticas que han de afrontar tanto las instituciones de la UE como los Estados Miembros en su intento de gestionar la crisis de los migrantes, pero aún así la Comisión sigue teniendo la responsabilidad de realizar una evaluación del impacto de su aplicación sobre los derechos humanos.»
Por otro lado, en mayo de 2016, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, criticó duramente el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre refugiados, ya que “vulnera la legalidad internacional, especialmente el derecho de asilo, y utiliza a las personas necesitadas de protección internacional como moneda de cambio en sus negociaciones” (MÁS INFORMACIÓN).
En mayo de 2016 la presidenta de la Abogacía Española dirigió una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para que revoque o suspenda el acuerdo suscrito con Turquía en marzo de 2016 y que los refugiados trasladados a Turquía sean reubicados en países donde se respeten sus derechos. El Pleno de la Abogacía manifestó su preocupación por la purga sistemática y arbitraria contra jueces, fiscales, médicos, periodistas, profesores y abogados que está llevando a cabo el gobierno turco, tras el intento fallido de golpe de Estado (MÁS INFORMACIÓN).
ANTECEDENTES
Los reclamantes, varias ONG españolas (la CEAR o Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Confederación Española de Abogados Jóvenes y Women’s Link Worldwide) y abogados y ciudadanos a título individual, se dirigieron primero a la Comisión Europea para manifestar su preocupación por el impacto del Acuerdo sobre los derechos humanos de los solicitantes de asilo y los migrantes sujetos a retorno a Turquía desde Grecia. Concretamente, Women’s Link Worldwide instó a la Comisión a realizar una evaluación del impacto del Acuerdo sobre los derechos humanos, centrándose en particular en la situación de las mujeres y los niños migrantes. Como la Comisión no respondió, o sus respuestas fueron insuficientes, se pusieron en contacto con la Defensora.
En este caso, la Defensora se basa en los principios establecidos en una investigación en el caso del acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, en el que la Comisión omitió la evaluación del impacto sobre los derechos humanos.
En dicha investigación, cerrada en febrero de 2016, la Defensora señaló que una «evaluación del impacto sobre los derechos humanos no consiste en recoger datos o en responder a la oposición pública, sino más bien en una herramienta analítica que demuestre que todos los factores necesarios y circunstancias se han tenido en cuenta a la hora de concebir una política. La herramienta de evaluación del impacto sobre los derechos humanos identifica las causas de riesgos y el impacto sobre los derechos humanos de las partes interesadas afectadas en cada etapa de la vida del proyecto.»
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