Según datos de la Defensoría del Pueblo, que se recogen en el comunicado, en 2016 fueron asesinados 120 activistas y defensores de derechos humanos; 33 han sufrido atentados y 27 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido agredidos, mientras 430 se encuentran amenazados. En el transcurso de 2017, se han registrado de 24 asesinatos de líderes sociales que forman parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos y que trabajan construyendo la paz que tanto anhela el pueblo colombiano.
Estos atentados sistemáticos constituyen, según el CAPI, un crimen contra la humanidad y no pueden quedar impunes porque, además de cercenar vidas, son ataques frontales al estado de Derecho y a la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Por eso el CAPI condena estos asesinatos y exige que sean investigados “con prioridad por el Estado en defensa del sistema democrático que pretende mantener y de la defensa de la paz. El CAPI se une al rechazo y preocupación de las organizaciones sociales y políticas de colombianos y colombianas en la emigración y el exilio, junto con otras organizaciones europeas”.
Finalmente, el Colegio de Abogados Penal Internacional, insta a a realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre estos asesinatos, con la intención de llevar ante la justicia a sus responsables y a “dar una protección eficaz a todos los activistas sociales, que permita que puedan continuar con sus actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos humanos sin temor a la intimidación, el acoso, represalias y la pérdida de la vida y a utilizar todos los medios legales a su alcance”.
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