Varios fallecimientos por la tardanza en el suministro de un medicamento que podría salvar la vida a los afectados de hepatitis C. Investigación. Procedimiento judicial. ¿Prevaricación administrativa?. ¿Homicidio por imprudencia grave profesional?. Alea jacta est.

A vueltas con la hepatitis C. Primero se les niega a los pacientes el acceso a los medicamentos última generación para más tarde diseñar un abordaje de la enfermedad en cuanto a su medicación que no dejó contentos ni a enfermos ni a familiares, sin contar con el número enorme de pacientes que quedaron fuera del acceso a dichos medicamentos ( un 50% ).

La defensa activa está concentrada en la Coordinadora de Afectados por la Hepatitis C. No comprenden cómo puede tardarse tanto tiempo en facilitar un medicamento que está probado que resulta efectivo en base a un criterio económico y de recortes de gasto público. Pero es que el colmo es que han fallecido una serie de enfermos a los que no se les había suministrado el fármaco habiendo sido prescrito por un facultativo.

Y estos últimos días este revuelo se ha hecho más patente en Galicia con el inicio de un procedimiento judicial al respecto .El Sergas se defiende confirmando que ha estado aplicando rigurosamente los protocolos farmacéuticos que tiene establecidos el Ministerio de Sanidad. Pero es que el caso se complica dado que dos altos cargos del Sergas están siendo investigados en el juzgado de instrucción nº 3 de Santiago de Compostela por una presunta comisión de prevaricación administrativa y donde la Fiscalía entiende que varios fallecimientos de pacientes de hepatitis C a los que no llegó nunca el fármaco pudieran deberse a retrasos en el suministro del medicamento por razones de presupuesto y no razones médicas, interesando además indicios de homicidio por imprudencia grave profesional. Pero es que la clase médica también puso en conocimiento de quién debía saberlo que habían fallecido al menos tres personas a las que se les prescribieron los medicamentos pero que nunca los recibieron dado que se vieron inmersos en una marea burocrática para que se les pudiera dispensar ( tienen que aprobarse por distintas comisiones ).

Pero es que en las prisiones el asunto empeora dado que el acceso a dicha medicación sólo y sólo si se puede tener acceso por vía judicial en un proceso donde acabe dictándose que Instituciones Penitenciarios suministre el medicamento a un recluso en el propio centro penitenciario y no trasladándolo a Madrid como pretende la institución. Y eso que la normativa ordena que los reclusos tienen garantizada una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población así como la prestación farmacéutica.

Pero, por supuesto, la realidad es harina de otro costal. Y volvemos a lo de siempre. ¿Se pueden anular, violar, suprimir, obviar derechos fundamentales en base a criterios presupuestarios y recortes del gasto público?. No sé si se han dado cuenta que se está jugando con la vida de personas que mañana podemos ser nosotros, sí, incluso podemos ser cualquiera de nosotros o nuestros hijos los que necesitemos el fármaco y además estemos en prisión. Las normas se hacen para cumplirlas. No valen escusas ni distinciones de ninguna clase.

El principio de igualdad obliga a tratar a una persona igual se encuentre libre o en prisión y a dispensar un medicamento que necesite cualquier ciudadano en el menor plazo posible para su pronta recuperación. Lo contrario trae consecuencias o debiera traerlas si nuestra democracia es una democracia sana que está basada en los principios del Estado de Derecho.

Por lo de pronto queda esperar el resultado del proceso judicial. Alea jacta est