En la mañana de hoy se han inaugurado las XX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra. Hoy y mañana estas Jornadas celebradas en Pontevedra reunirán a casi 200 participantes quienes intercambiarán conocimientos y pareceres además de debatir sobre los temas de mayor actualidad del Derecho Penitenciario.
En el acto de apertura de las Jornadas han participado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el decano del Colegio de Abogados de Pontevedra y secretario del Consejo General de la Abogacía Española, Ramón Jáudenes; la presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, Blanca Ramos; el director xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, Juan José Martín Álvarez; y la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Mª del Carmen Larriba García.
En el transcurso de su intervención, Ramón Jáudenes disculpó la ausencia de última hora de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, quien le solicitó que leyera el discurso que había preparado para la ocasión en el que destacó “el compromiso de los abogados y el orgullo que supone para el Consejo General de la Abogacía su trabajo en la Asistencia Jurídica Penitenciaria, fundamental para el Estado de Derecho. La Asistencia Jurídica en intramuros es uno de los temas recogidos en el Plan Estratégico de la Abogacía que se ha elaborado este año por primera vez, una herramienta estratégica para el Consejo. Muchos de ellos son recurrentes por no haber sido atendidos por la Administración pero la Abogacía no va a dejar de trabajar por los derechos y libertades de todas las personas, independientemente de su condición, religión, etc. que se encuentran en prisión”.
En el último año hubo un importante hito a destacar en materia penitenciaria que fue recogido en el discurso de Victoria Ortega, “a finales de noviembre de 2017 la Ley aragonesa introdujo servicios de asistencia jurídica penitenciaria, imprescindible para colectivos desfavorecidos. En Asturias está pendiente de firma pero también se incorporará en breve”.
La Prisión Permanente Revisable a debate
Las Jornadas comenzaron con uno de los asuntos en materia penitenciaria más comentados de los últimos años, la Prisión Permanente Revisable (PPR). Moderada por Valentín Aguilar Villuendas, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, esta mesa contó con la intervención de Juan Merino Morillo, jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias CIS Matilde Cantos Fernández de Granada, y Jacobo Dopico Gómez-Aller, catedrático acreditado de Derecho Penal Universidad Carlos III de Madrid, quienes acreditaron que hay un camino largo que recorrer en esta materia para compatibilizar la libertad individual y la protección de los bienes jurídicos.
Juan Merino Morillo destacó que llegado el momento de la revisión durante la PPR “se deja en la cárcel por lo que puede cometer, no por lo que ha cometido”. Por su parte, Jacobo Dopico Gómez-Aller señaló que “se están tomando decisiones a ciegas ya que no existe planteamiento real, lo que lleva que España tenga la perpetua más extrema en toda la Unión Europea”. Ambos hicieron una comparativa con el resto de países de la UE, un análisis de los tiempos de revisión de la Prisión Permanente y trataron su inconstitucionalidad, citando varios casos tratados a nivel europeo en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que generan dudas sobre la constitucionalidad de la Prisión Permanente Revisable española por la ausencia de programas que facilitan la reinserción y vuelta a la sociedad de los presos.
La mesa concluyó con aportes en torno al cómo aplicar la PPR, como “programas específicos de tratamiento, principios de flexibilidad entre el segundo y tercer grado, así como dar opciones a los jueces” según Juan Merino Morillo. En este sentido Jacobo Dopico Gómez-Aller señaló que “en la actualidad la Prisión Permanente Revisable se aplica en España sólo a 4 casos que corresponden a violencia intrafamiliar grave, no se aplica a los supuestos que teóricamente presenta”.
Prisión y tecnología
La segunda de las mesas del programa abordó la evolución y presente de las tecnologías en prisión a través de una ponencia de Carlos García Castaño, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, moderada por María Adrio Taracido, abogada del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra.
Carlos García Castaño realizó un recorrido histórico acerca de las escuchas de las conversaciones en prisión entre abogado y cliente, aspecto que fue legal hace años. En la actualidad estas conversaciones pueden ser grabadas con aparatos de escucha pero no pueden ser empleadas en juicios u otros procesos. Los abogados han mejorado considerablemente las condiciones en las visitas a sus clientes, en la actualidad se pueden visitar en fines de semana, por ejemplo, cuando anteriormente las visitas estaban limitadas en horarios y días.
Las videoconferencias empiezan a ser una opción importante por parte de la Administración para ahorrar costes y evitar traslados de presos tachados de innecesarios para juicios, pero en este sentido Carlos García Castaño no se mostró a favor ya que “yo quiero tener a mi cliente a mi lado. En un juicio hay muchos aspectos a tener en cuenta y no debería realizarse nunca por videoconferencia; otra cosa puede ser para las reunión abogado-cliente, sobre todo para algunos traslados sí puede ser una opción a tener en cuenta, aunque para mí la regla debería ser visitar al preso”.
Las citas familiares han mejorado, la sede electrónica del Ministerio funciona bastante bien y el sistema de identificación ahora es digital, pero hay aspectos a tener en cuenta todavía como establecer un protocolo para la vídeo vigilancia en prisiones para guardar las imágenes recogidas durante un tiempo determinado. De hecho, se guardan las imágenes por agresiones a funcionarios pero no a los internos, lo que supone un agravio.
Carlos García Castaño concluyó con un aspecto a tener en cuenta, el coste de los controles telemáticos frente al coste de una persona en prisión, lo que debería valorarse en el régimen de tercer grado ya que es más barato y más racional.
No hay comentarios.