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  • El principio de proporcionalidad exige “controlar el uso de las armas desde que se emite la orden de usarlas hasta que se ejecuta”, ha observado en el marco de una jornada organizada por la Universitat Abat Oliba CEU para conmemorar el 70º aniversario de la Convención de Ginebra

Las actuales normas del Derecho Internacional Humanitario bastarían para prohibir el uso de armas letales autónomas en el caso de que éstas no estuvieran sometidas al control final de un humano. Así lo cree el teniente coronel auditor, destinado en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, Mario Lanz.

Durante su participación en unas jornadas organizadas por la Cátedra UNESCO en Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universitat Abat Oliba CEU, Lanz ha explicado que el uso de armas autónomas podría atentar contra el principio de proporcionalidad que informa las convenciones internacionales que regulan el Derecho de la guerra. La referida proporcionalidad exige “controlar el uso de las de las armas desde que se emite la orden de usarlas hasta que se ejecuta”, y parece que con las armas autónomas esto “podría no ser así”.

En este sentido, y en el contexto de la celebración de los setenta años de la Convención de Ginebra, el ponente ha recalcado que “todo armamento siempre debería estar controlado por la mano humana”. Es decir, se trata de que siempre haya la posibilidad de que una persona al mando pueda cancelar el ataque en función de un nuevo juicio de proporcionalidad ante posibles eventualidades.

En su ponencia, Lanz ha expuesto los desafíos que enfrenta actualmente el Derecho Internacional para establecer las normas por las que debe regirse la guerra. La guerra ya no es un estado fácilmente reconocible, sino que lo que abundan son conflictos híbridos con múltiples actores, lo que dificulta la regulación.

Por ejemplo, el mismo concepto de combatiente ha sido ampliado para atender a realidades diversas de personas que actúan en escenarios de conflicto sin estar estrictamente militarizados. Esta mayor flexibilidad permite extender el estatuto del combatiente y los beneficios aparejados.

Sin embargo, tal como ha expuesto el ponente, esta manera más amplia de comprender la figura del combatiente puede “tener efectos indeseados para la población civil”. La difuminación de los límites entre los combatientes de grupos armados organizados y la población civil puede repercutir en “una mayor desprotección” de esta última.

Además, hay que tener en cuenta, que, en contextos de conflictos volátiles, el hecho de ser combatiente no es un estado estable. Se dan las llamadas “puertas giratorias”, a través de las que la misma persona que hace una acción armada pasa a “confundirse con la sociedad civil”. Este fenómeno puede desencadenar “respuestas contrarias al Derecho Internacional Humanitario”.

Tras Mario Lanz, ha hablado el profesor de Derecho Internacional y especialista en terrorismo internacional de la Universitat Abat Oliba CEU, Francisco Villacampa. Según ha afirmado, el principal temor de las autoridades respecto de terrorismo yihadista es que “DAESH y Al Qaeda se fusionen”. Este experto considera que “la amenaza yihadista seguirá siendo importante” y que “la UE tiene que ser diligente para evitar que los conflictos en África vayan a más”.  




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