La Comisión Europea ha tomado medidas adicionales en lo que respecta a nueve Estados miembros, entre los que se encuentra España, al entender que sus normas nacionales contienen “obstáculos excesivos e injustificados a la prestación de servicios en todo el mercado interior de la Unión Europea”.
El caso de España se centra en la profesión regulada de los procuradores, ya que esta profesión jurídica “establece tarifas mínimas obligatorias y restricciones multidisciplinarias a la hora de ejercer España la representación procesal de las partes en la mayoría de los procedimientos judiciales ante los tribunales españoles”. La Comisión, tras la Carta de Emplazamiento enviada el año pasado, y al seguir la situación en el mismo punto, ha decidido dar el siguiente paso del procedimiento general de infracción y enviar a España un Dictamen Motivado por este asunto. España dispone ahora de dos meses para responder a la Comisión Europea, y de no ser satisfactoria esta respuesta, o no producirse, la Comisión Europea podría llevar el asunto ante el TJUE.
El origen de estos avisos por parte de la Comisión Europea, vienen dados porque considera que los requisitos que han de cumplir determinados prestadores de servicios en los Estados miembros mencionados son contrarios a la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE). En cualquier caso, este procedimiento no afecta a la Abogacía Española.
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