El expediente tiene su origen en una denuncia de Bankia que estima que está soportando un sobreprecio en la liquidación de costas procesales de más de 150 millones de euros y la CNMC ha hecho suya la denuncia de la entidad bancaria, que señala que los Colegios se pusieron de acuerdo para no ponderar la existencia de esos pleitos masivos, lo que ha dado lugar a titulares de informaciones absolutamente falsos como “Nueve Colegios de Abogados cobraron 150 millones de más en los pleitos de Bankia” o “Competencia les abre expediente sancionador por aconsejar a los despachos que fijaran altas tasas en procesos muy repetitivos porque los acaba pagando el banco” o que “Nueve Colegios de abogados inflaron en 150 millones…”.
La indignación, se señala desde el Consejo, “es aún mayor cuando se aprecia, en la información publicada, una grave deformación de la realidad que convierte en falaces los titulares”.
La Comisión Nacional de la Competencia debería saber que los Colegios de Abogados tienen legalmente atribuida la función de “emitir informes en asuntos de tasación de costas a petición de los juzgados”, que esos informes sólo se envían a los juzgados y que, además, no son vinculantes sino indicativos para éstos, que deciden libremente al respecto. Por tanto, ni los Colegios de Abogados han cobrado nada por los pleitos de Bankia, ni han aconsejado nada a los despachos de abogados. Simplemente han ejercido la función que tienen legalmente encomendada.
El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido a los nueve Colegios y a sus Servicios Jurídicos un informe sobre el asunto, y se pronunciará tras el Pleno que celebrará el próximo viernes, no descartando emprender las acciones legales que correspondan contra quien resulte responsable de denuncias falsas.
El Colegio de Ávila responde
Por su parte, el Colegio de Abogados de Ávila ha remitido una nota de prensa a los medios de comunicación de su provincia en la que la decana, Raquel Sánchez, reitera que “es absolutamente falso que este Colegio de Abogados haya percibido cantidad alguna en concepto de costas procesales y, ni mucho menos, que haya actuado en orden a incrementar artificialmente el importe de las facturas”, así como que haya actuado “en connivencia con los despachos que obran en la denuncia de Bankia para establecer la cuantía de las costas procesales, ni en los litigios de Bankia ni en ningún otro”.
Sánchez recuerda, asimismo, que los Colegios de Abogados tienen legalmente atribuida la función de emitir informes en asuntos de tasaciones de costas, exclusivamente, a petición de los Juzgados, informes que no son vinculantes.
Añade la decana que “el importe concreto que ha de pagar el condenado al abono de las costas es competencia, en último término, del órgano jurisdiccional (art. 246.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)”.
En su escrito, el Colegio de Abogados de Ávila explica que los criterios utilizados para la elaboración de dichos informes no son públicos ni, por tanto, pueden constituir recomendaciones a los colegiados” aunque el uso de estos criterios está autorizado expresamente por la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales así como por la Ley Ómnibus,0020de 2009.
Los Colegios de Abogados, continúa, “no tienen participación alguna en la elaboración de las minutas de sus colegiados, que tienen plena libertad en la fijación de sus honorarios, y que en modo alguno son señalados por los Colegios”.
El Colegio de Abogados de Ávila concluye que “no tiene la menor duda de que el expediente sancionador finalizará declarando el estricto cumplimiento de la legalidad por este Colegio profesional” y anuncia que “ejercitará cuantas acciones legales procedan contra los autores de las manifestaciones falsas y tendenciosas de que ha sido objeto este organismo”.
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