Madrid, 23 ene (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, una norma que desarrolla los aspectos esenciales de este derecho fundamental y fija las reglas para garantizar el acceso de los ciudadanos a la Justicia y los derechos y deberes de los abogados.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Félix Bolaños, ha informado de este nuevo impulso del Gobierno a un texto que ya se encontraba en tramitación parlamentaria en la anterior legislatura y decayó con la convocatoria de elecciones.

El texto consolida los estándares de protección del derecho de defensa, recogidos en el artículo 24 de la Constitución y desarrollados en los distintos órdenes jurisdiccionales, procedimientos y actuaciones.

"Hemos considerado que era necesario regular ese derecho a la defensa y hacerlo mediante Ley Orgánica, desarrollar un derecho fundamental y ampliarlo respecto a esos límites, a ese alcance que ya habían establecido los tribunales en su sentencias", ha explicado Bolaños.

La norma aborda principios como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a tener audiencia en todos los procedimientos judiciales en los que uno se ve afectado, a la invariabilidad de las resoluciones judiciales o utilizar medios de prueba.

También el derecho a la indemnidad, que establece "que no puede haber represalias por haber iniciado acciones judiciales", ha señalado Bolaños.

Como novedades, el ministro ha destacado que el proyecto de ley extiende la garantía del derecho de defensa a las vías extrajudiciales de resolución de conflictos como la mediación, el arbitraje y la conciliación.

El proyecto de ley también establece que las personas en situación de especial vulnerabilidad podrán disfrutar de la asistencia jurídica gratuita, que ya no se facilitará solo a quienes acrediten falta de recursos económicos.

Se trata de la primera ley que recoge el derecho de la ciudadanía a que la Administración de Justicia se dirija a ellos en un lenguaje "claro, sencillo, comprensible y accesible" tanto en las notificaciones de actos, resoluciones y comunicaciones procesales como en cualquier información relacionada con sus causas.

El proyecto de ley establece "cómo adaptar el derecho a la defensa a la existencia de medios electrónicos y a la existencia de la vía telemática", que "es ya la norma en el funcionamiento de nuestro servicio público de Justicia", según ha apuntado el ministro.

Y, en cuanto a las personas con discapacidad, la ley obliga a todas las sedes judiciales y de la Administración de Justicia a que sean "completa y universalmente accesibles" para ellas.

El ministro Bolaños ha asegurado que se trata, en definitiva, de una ley "garantista", "centrada en los ciudadanos" y que apuesta por la agilidad, la digitalización y la innovación del servicio público de la Justicia.