Madrid, 13 jun (EFE).- Un "indicador de riesgo" permitirá que en el momento de recoger una denuncia por cualquier hecho delictivo aparezca una alerta si este puede constituir un delito de odio o discriminación, unas infracciones penales que han crecido en 2021 un 5 % respecto a 2019 (año de referencia por la pandemia).

Ese indicador es una herramienta recogida en el II Plan de Acción de Lucha Contra los Delitos de Odio, cuyo contenido ha pormenorizado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, durante la primera reunión de la comisión de seguimiento del mismo, que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Marlaska, que ya informó al Consejo de Ministros sobre las líneas de acción de este plan el pasado 12 de abril, ha calificado el proyecto como “pionero”, porque “todo gira en torno al trato y protección de la víctima, está diseñado para mejorar su tratamiento y generar una mayor coordinación de las fuerzas de seguridad con otros actores implicados en su protección”.

El titular de Interior ha animado a profundizar el trabajo iniciado en 2018 porque “queremos que España siga siendo un referente para el resto de la Unión Europea en la lucha contra los delitos de odio”.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad ha detallado el contenido de este segundo plan, articulado en torno a ocho líneas de acción que engloban un total de 86 medidas, entre ellas la implantación de un “indicador de riesgo (IR) de delitos de odio graves o violentos”.

El plan, que estará vigente hasta 2024, contempla la creación en la Policía y Guardia Civil de grupos específicos especializados en combatir este tipo de delitos y está dotado con algo más de un millón de euros.

Pérez, además, ha alertado de que los delitos e incidentes de odio conocidos aumentan año a año, y ha avanzado que el informe sobre la evolución de éstos en España en 2021 estará concluido en las próximas semanas, si bien sus datos provisionales permiten prever que el pasado año supuestos crecieron más de un 5 % respecto de 2019.