Madrid, 12 ene (EFE).- El magistrado Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa del procés, ha aplicado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont la derogación del delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por desobediencia y por malversación agravada, castigado con una pena de hasta 12 años de prisión.

La decisión de Llarena coincide con la entrada en vigor este jueves de la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, que sustituye por uno de "desórdenes públicos agravados", y que reduce asimismo algunas penas del delito de malversación, lo que obligará al Supremo también a revisar la sentencia del "procés".

De hecho, horas después de hacerse público el auto de Llarena, el tribunal que juzgó a los líderes independentistas catalanes ha dado un plazo de ocho días a las acusaciones y a las defensas para que presenten "las alegaciones pertinentes" sobre cómo creen que afecta a la sentencia la reforma.

LA MALVERSACIÓN AGRAVADA, HASTA 12 AÑOS DE PRISIÓN

Hasta que eso ocurra, la decisión de Llarena permite intuir el camino, porque el magistrado ha dictado un auto en el que sostiene que la derogación plantea un "contexto cercano a la despenalización" de los hechos investigados al no encajar en desórdenes públicos y porque tampoco se puede aplicar este delito sobre hechos cometidos antes de su entrada en vigor.

En cambio aprecia malversación agravada, al sostener que sí que existió ánimo de lucro en el "procés", una interpretación lejana de la intencionalidad política que buscaba esta reforma.

Precisamente, la defensa de Puigdemont destaca que la malversación dificulta su entrega a España aunque insiste en que si el Tribunal General de la Unión Europea le concede la inmunidad como eurodiputado, volverá, si bien no pone fecha a esa hipotética vuelta.

Llarena, además, deja sin efecto las euroórdenes actuales por sedición y pospone su decisión de emitir nuevas euroórdenes y órdenes internacionales de detención contra Puigdemont, así como contra los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, a que el TGUE decida sobre la eventual retirada de la inmunidad parlamentaria de los dos primeros, y a que el Tribunal europeo de Justicia resuelva la cuestión prejudicial del Supremo.

Sí que acuerda una nueva orden nacional de busca y captura e ingreso en prisión para ellos por malversación y desobediencia, al tiempo que precisa que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exconsellera Clara Ponsatí pasan a estar procesadas solamente por desobediencia, que no conlleva pena de prisión, lo que abre la puerta a su regreso a España.

LLARENA CARGA CONTRA LA REFORMA DEL GOBIERNO

Muy crítico, el magistrado arremete contra la reforma del Código Penal del Gobierno, pactada con ERC, al señalar que el texto "ha encontrado su génesis" en la sentencia del "procés" porque desde 1995 no se ha dictado una sola resolución que aplique la sedición .

En este sentido, no comparte las principales justificaciones que están detrás de los cambios legales. Considera que el delito no incurre en imprecisiones, ni que urja armonizar la legislación española con los países comunitarios porque nuestra legislación "hasta hoy era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado".

Tampoco cree que la reforma busque una mayor proporcionalidad en la respuesta penal, porque la opción legislativa no ofrece un menor reproche penal para quienes están pendientes de enjuiciamiento, sino "un contexto cercano a la despenalización".

LA SENTENCIA Y EL FUTURO ELECTORAL DE LOS CONDENADOS

Y respecto de los líderes del "procés" condenados, el Supremo tiene pendiente revisar la sentencia con la más que previsible petición de absolución de las defensas de aquellos que solo fueron condenados por sedición, mientras que confían en que los que lo fueron también por malversación vean sus penas muy rebajadas.

Fuentes jurídicas consultadas por EFE explican que el Supremo tiene, por un lado, que ver si los hechos probados son subsumibles en algún otro tipo penal más allá de los desórdenes públicos agravados, y, por otro, calcular la pena por la malversación de prisión e inhabilitación, determinante para las aspiraciones políticas a corto plazo de varios de los condenados que tienen en el horizonte poder presentarse a los próximas elecciones.

LA OPOSICIÓN ARREMETE DURAMENTE CONTRA EL GOBIERNO

En el plano político las reacciones no se han hecho esperar. El Ejecutivo defiende que con el auto de Llarena se reafirman las tesis del Gobierno de que los hechos del 1-O liderados por Carles Puigdemont "continúan teniendo una condena, un reproche penal".

Como era de esperar la oposición se ha echado encima del Gobierno. El PP recuerda que Sánchez, se comprometió a devolver a Puigdemont a España, pero no explicó que regresaría con una "alfombra roja"; y Vox acusa al presidente del Gobierno de ser "duro con los españoles" y "dócil con los delincuentes".

Nada que ver con la interpretación de una de las afectadas, a secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien asegura que no tomará aún una decisión "precipitada ni inminente" sobre su regreso a España, pero admite que la "música" de la interpretación de la reforma "gusta" a su partido y si se producen condiciones para un retorno, lo hará. Por el momento, ni el Govern ni Junts han reaccionado al auto del juez.