Un curioso manifiesto, que se titula “La banalización de los delitos de rebelión y sedición”, ha sido impulsado por catedráticos y profesores de Derecho Penal que consideran que los dirigentes secesionistas acusados por los eventos vinculados con la declaración de independencia de Cataluña no han cometido delito alguno. Concretamente, indican en su manifiesto que las acusaciones por rebelión y por sedición se están utilizando “para reprimir y silenciar movimientos ciudadanos que practican, de modo pacífico, el derecho de manifestación, reunión, concentración”.

Es lógico que se puede defender la inexistencia de un delito de rebelión en relación con los hechos producidos por la secesión de Cataluña, ya que no es fácil apreciar la violencia que el artículo 472 del Código Penal exige para su comisión, en la medida en que, como señala Francisco Javier Álvarez García, “siempre que el legislador, en el Código Penal, ha querido referirse —además de a la violencia— a la intimidación o a la fuerza, lo ha dicho expresamente”, no habiendo sido necesaria la violencia estructural de los independentistas por la pasividad del Gobierno de Mariano Rajoy, que, ciertamente, no colocó muchos obstáculos. Sin embargo, declarar que no existe un delito de sedición en un caso en el que se ha producido un conjunto de actos destinados a declarar la ruptura de Cataluña con el Estado español denota cierta ignorancia o malicia, pues el artículo 544 del Código Penal establece que “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”, como hicieron Carles Puigdemont y muchos otros.

Que muchos catedráticos y profesores muestren de forma tan tajante su posición en contra de las peticiones del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, exponiendo una férrea argumentación para defender la absolución total de acusados que pueden haber cometido delitos de rebelión o de sedición, resulta preocupante y puede ser consecuencia directa de la existencia de una grave influencia por motivos políticos e ideológicos en juristas que deberían estar sometidos únicamente a criterios objetivos de naturaleza jurídica para no perder credibilidad. El mismo condicionamiento político e ideológico al que se hace referencia se puede ver con el ejemplo de Guillermo Portilla Contreras, catedrático de Derecho Penal que ha impulsado el manifiesto y que ha mantenido relaciones políticas con Izquierda Unida, una formación que tiene un planteamiento muy próximo al de los independentistas, aunque más moderado, ya que no quieren consumar la secesión, sino un pacto político para una nueva organización territorial, que será absolutamente inviable si hay condena por rebelión o por sedición para los dirigentes catalanes independentistas.

El Tribunal Supremo tiene una dura labor por hacer y solo queda esperar que pueda realizar sin más intromisiones de dirigentes políticos que, desde los distintos sectores ideológicos, están intentando influenciar en el resultado de un proceso judicial que va a marcar el desarrollo político y social de los próximos años en España.