Ayamonte (Huelva), 28 ene (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado hoy que el Gobierno modificará la norma que regula la declaración de bienes en el exterior tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida ayer, para que las sanciones por no hacerlo sean "proporcionadas".

Esta sentencia ha declarado ilegal la imprescriptibilidad y las sanciones asociadas a la declaración de bienes y derechos en el extranjero -el modelo 720- porque considera que las multas son "desproporcionadas" y se menoscaba la libre circulación de capitales.

En declaraciones a los periodistas en Ayamonte (Huelva), cuestionada por este asunto, ha querido recordar que el formato actual fue aprobado por Cristóbal Montoro durante un Gobierno del PP, en 2012: "Fue una iniciativa que vino acompañando a la amnistía fiscal que se produjo en ese mismo año, perdonando, con la oposición del PSOE, el que no se hubieran declarado bienes en el extranjero por parte de los defraudadores", ha incidido.

Asimismo, ha apuntado que incluso, posteriormente, el Tribunal Constitucional señaló que "esa amnistía fiscal no había sido correcta pero ya se habían producido los efectos y no pudo declararla en nulidad".

"Montoro quiso compensar de forma no correcta la amnistía fiscal que había producido porque es injusta la situación que se produjo en aquel momento", ha señalado Montero, señalando que "el Gobierno de España, tras la lectura de la sentencia, va a corregir esas cuestiones que nos permita que las sanciones sean proporcionadas y que haya un período de prescripción".

Ha recordado que sigue vigente la obligación de la declaración en este formato que "corregiremos en los próximos días" y ha señalado que "no son muchos los contribuyentes que lo presentan en relación con la totalidad de unas 60.000 personas y el efecto que pudiera tener para las arcas públicas, como máximo, aunque aún no está establecido el montante total, sería en torno a 230 millones de euros".

Por otra parte, con respecto a las inmatriculaciones de la Iglesia, ha indicado que, después del listado de 1.000 inmuebles indebidamente inmatriculados que se ha hecho público, "tenemos que seguir trabajando con la Conferencia Episcopal manera que realmente se le devuelva al erario público, al conjunto del pueblo español aquello que se inmatriculó por una norma del PP que posibilitó que esto ocurriera".