El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado esta mañana al Gobierno la suspensión de las cotizaciones sociales tanto para autónomos como empresa dentro del sector legal, una vez que el estado de Alarma ha suspendido casi toda la actividad en los juzgados.

Según el texto de la carta que la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, ha remitido a la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, la Abogacía manifiesta “todo nuestro apoyo al Gobierno, a los equipos sanitarios de nuestro país, así como a todos los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mostrando nuestro compromiso y responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones y deberes decretadas por el estado de alarma, puesto que nuestro primer objetivo como el de todos es garantizar la salud de todos los ciudadanos”.

“Esta Institución, que representa a más de 252.OOO colegiados de este país, entiende que ante esta situación de excepcionalidad se ha de proceder a la adopción de medidas extraordinarias y urgentes -prosigue la carta- que puedan garantizar el mantenimiento de las empresas del sector jurídico, a nuestros autónomos así como la estabilidad en el empleo”.

Las reivindicaciones de la Abogacía se sustancian en su adhesión  “a la totalidad a las reivindicaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, manifestadas en los últimos días. En concreto, consideramos necesario se proceda de forma inmediata y durante los próximos dos meses, ante la falta de liquidez provocada por la inactividad en el sector, a la suspensión en el pago de la cuota de autónomos, al abono de la baja desde el primer día y a la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario”. El Consejo entiende que es “imprescindible que por parte de las empresas del ámbito jurídico se proceda a la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social”.

“También consideramos indispensable que se proceda a garantizar la prestación derivada de la situación de desempleo y originada por causa de fuerza mayor, sin necesidad de período de carencia y sin perjuicio de otras posibles prestaciones a posteriori, así como que se proceda a flexibilizar y agilizar los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTEs) con efecto retroactivo, para garantizar el empleo de los trabajadores, la protección social y garantizar la viabilidad de las empresas y autónomos”, finaliza la misiva del Consejo a la vicepresidenta Calviño.