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  • La acusada, que iba a ser enjuiciada por un jurado popular, acepta también tres años de inhabilitación para trabajar en Correos y el pago de una multa de 840 euros

Una trabajadora de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos acusada de arrojar 268 cartas a dos contenedores de basura situados en la localidad sevillana de Écija, hechos por los que iba a ser enjuiciada desde este lunes por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha aceptado la imposición de una condena de un año de cárcel.

De este modo, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de la acusada han llegado en la mañana de este lunes a un acuerdo de conformidad por el que la encausada acepta un año de prisión, el pago de una multa de 840 euros (siete meses de multa a razón de cuatro euros diarios) y tres años de inhabilitación para trabajar en Correos, así como el pago de las costas, como responsable de un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Asimismo, se ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena aceptada por la acusada, para quien la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, pedía
21 meses de cárcel, el pago de una multa de 2.400 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años.

La Fiscalía relataba en su escrito que la encausada fue contratada por Correos y Telégrafos y tenía encomendada la función de repartidora de correspondencia para trabajar en el municipio de Écija en sustitución de un empleado titular de ese puesto que estaba de vacaciones. Así, formalizó un contrato laboral eventual desde el 1 hasta el 17 de agosto de 2016, siendo cesada el día 17 de ese mismo mes.

De este modo, el jefe de Equipo de la Unidad de Reparto de la Oficina de Correos de Écija le asignó el 8 de agosto de 2016 el reparto a realizar en la Sección 12 de dicha localidad, correspondiendo a la acusada engomar y atar los legajos, “haciendo un total a repartir de unos 700 envíos (entre 12 y 13 legajos)”, con fechas de admisión de los mismos entre los días 3 y 5 de agosto.

El Ministerio Fiscal aseveraba que la investigada, “lejos de cumplir con su obligación de custodia y reparto y con incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, se apoderó de, al menos, 268 envíos de correo ordinario (correspondientes a 4 legajos embarriados y engomados), y los arrojó a dos contenedores de basura” de una calle y una plaza de Écija, “no correspondiente ésta última con su zona de reparto”.

Al hilo de ello, el representante del Ministerio Público añadía que las cartas fueron encontradas ese mismo día por una compañera de trabajo que se encontraba de vacaciones y por un vecino del municipio, quienes las entregaron “de inmediato” a la Policía Nacional.

Según la Fiscalía, todas las cartas encontradas se correspondían con correo ordinario, pertenecientes a la Sección 12, y estaban cerradas, “a excepción de dos de ellas, con claros signos de haber sido violentadas, y otra perteneciente a un envío IPC procedente de Italia”.




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