La segunda jornada del II Congreso Internacional de Compliance, que desde ayer reúne a más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo, ha estado focalizada en los retos a los que los compliance officer se enfrentan a diario. A grandes rasgos, consideran que son dos. Por un lado, los propios de la implementación y encuadre de un departamento nuevo en la estructura de la empresa. Por el otro, lograr crear una cultura de cumplimiento que cale dentro de la organización.

El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales y por la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

Retos estructurales y retos diarios

Los ponentes de la jornada han sido en su mayoría compliance officer de empresas con dimensión multinacional.

Manuel Crespo, compliance Officer de Telefónica, ha afirmado que los retos “aparecen todos los días, a lo que hay que sumar los estructurales, que tienen que ver con la delimitación de las funciones, comenzado por aglutinar una trabajo que antes se hacía desde distintas áreas”. Cree necesario comenzar por la delimitación de la tareas, “porque no se sabe muy bien qué se espera de la oficina de cumplimiento”. Por ello “es necesario priorizar muy bien cuáles son las materias, ya que los recursos no son ilimitados”. Reconoce además que “nuestra función es complicada, ya que además generamos un cierto temor en la misma organización”.

Por su parte, Jaime Gaspar, compliance Officer de Laboratorios Lilly, cree que el responsable de cumplimiento se enfrenta a un primer reto: “Determinar si su trabajo se centra más en el ámbito de la asesoría o en el de formación”. En la creación de la oficina, “la empresa siempre manda un mensaje sobre lo que espera de ella y la importancia que le da”. Así, “no es lo mismo que la haga reportar a su dirección nacional o a la internacional”. Otro reto “es lograr una cultura ética de integridad; hacer un programa de compliance es relativamente fácil, lo difícil es tener capacidad de influir para que siempre que se actue desde el comité de dirección, se haga sin intención de sobrepasar los limites éticos”.

Silvia Zamorano, del Área de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal, puesto que “me da una doble visión, ya que nos dedicamos a la consultoría de otra empresas en esta materia”, afirma que una de la dificultades con las que se encuentra el compliance officer es la propia estructura de la organización: “Muchas veces no se tiene claro qué funciones se van a integrar en la oficina de cimplimiento”. En cuanto a los retos de la figura del compliance officer, “el primero es la delimitación de sus funciones dentro de la organización”. Destacó además que “debe ser visto como una persona de confianza, no como un enemigo”.

Ignacio Garcia Miguel, compliance Officer Region Iberia de Bosch, ha afirmado que, de la misma forma que los departamentos jurídicos tienen bastante autonomía, las empresas deben crear unos medios personales y económicos para la oficina de compliance”, que además “tienen que ser independientes de los de la asesoría jurídica”.

Por último, Juan Pablo Olmo Subdirector General Área de Cumplimiento de Grupo Mapfre, ha recordado que “el desarrollo normativo no ha sido igual en todos los países de Europa”. Por eso, en una multinacional las oficinas de compliance no pueden ser idénticas, ya que los desarrollos normativos son distintos; hay que crear un programa global pero adaptado a cada país”. Ha hecho además hincapié en la necesidad de que el compliance officer “baje a todos los procesos del trabajo y explicar a cada departamento cuáles son los riegos de su desempeño. Más que un formador tiene que ser un concienciador”, ha concluido.

Un referente internacional

El Congreso, que en solo dos años se ha convertido en un referente internacional en la materia, se ha estructurado en un total de siete paneles. En su conjunto abordan los aspectos más relevantes de un nuevo marco normativo de gran trascendencia para el profesional jurídico, sobre todo a raíz de las recientes modificaciones del Código Penal, que establece la necesidad de que los órganos de administración de las empresas adopten medidas de vigilancia y control.