Madrid, 9 feb (EFE).- La fundación Hay Derecho ha calificado de insuficiente la ley de protección a denunciantes de corrupción que ampara a quienes informen sobre infracciones normativas en sus empresas, en trámite parlamentario, ya que considera que no tiene en cuenta las "represalias" ni las pérdidas económicas que pueden llegar a sufrir los denunciantes.

Esta ley, que volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva tras la introducción este jueves en el Senado de diversas enmiendas, "no recoge reivindicaciones claves planteadas por la ciudadanía que ha pasado por la traumática experiencia de denunciar", tal y como ha afirmado la organización en un comunicado.

Asimismo, el texto de ley "rebaja los estándares de protección que establece la UE en su directiva", señala Hay Derecho.

También ha indicado que de aprobarse definitivamente esta nueva norma, aquellas personas que denuncian casos de corrupción se enfrentan a "represalias" que tienen un "impacto desolador" en sus vidas.

Además de estas consecuencias, ha recordado que los denunciantes también pueden "verse en la ruina" con tan solo hacer frente a los procedimientos judiciales, a pérdidas de empleo o "incluso amenazas personales", y ha criticado que la ley solo reconoce la ayuda económica y psicológica de "forma excepcional".

Así, solo protege a los que denuncian infracciones penales o administrativas "graves o muy graves" que impliquen "quebranto" económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

"La ley es una decepción para los ciudadanos que ven su vida desmantelada a consecuencia de represalias profesionales, personales e incluso jurídicas", ha afirmado la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos, quien ha añadido que "los denunciantes pueden llegar a sufrir represalias incluso décadas después de la denuncia".

Otro de los aspectos que ha criticado la fundación es la "admisión o inadmisión de la denuncia", que, aunque recoge la posibilidad de anonimato, "no siempre es garantía de protección".

Respecto a esto, Cantos ha aseverado que es importante "garantizar la protección del que denuncia de buena fe o con una convicción razonable de que la denuncia es cierta".

Hay Derecho ha precisado que la ley prevé la posibilidad de inadmitir denuncias si se refieren a comunicaciones sobre conflictos interpersonales "sin tener en cuenta que este tipo de conflictos pueden proceder, precisamente, de la tensión que genera un caso de corrupción que se quiere denunciar".

Por último, ha resaltado que otra de las carencias de la ley es que "no reconoce la protección a organizaciones de la sociedad civil, lo que aboca al denunciante a la soledad".

La norma ha sido aprobada este jueves en el Pleno del Senado con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC y PDeCAT. De los 346 votos emitidos, 200 han respaldado el dictamen, 142 han sido en contra y 4 abstenciones.