• El despacho analiza, en una nueva sesión de su Aula Laboral, la proposición de Ley del PSOE para reformar las contratas

• Constata que la proposición pretende corregir un sistema que diferencia a los trabajadores externos frente a los empleados de la empresa principal

• Si bien aplaude que la cuestión llegue al debate político, deben incluirse varias mejoras en la reforma, aún en fase de enmiendas de los demás grupos

El despacho Abdón Pedrajas & Molero, firma de referencia en Derecho del Trabajo, ha celebrado una nueva sesión de su Aula Laboral, esta vez centrada en los problemas laborales de las contratas, los derivados de la sucesión de reversiones administrativas o las responsabilidades de las empresas involucradas, con especial referencia a la proposición de ley de modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores –que regula la subcontratación de obras y servicios-, para la equiparación de salarios al convenio de la empresa principal, presentada por el grupo parlamentario socialista, ahora en fase de enmiendas y cuestionada ante el Tribunal Constitucional.

Jesús Lahera Forteza, consultor of counsel del despacho y profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, se refirió a la propuesta del PSOE señalando que, ciertamente, la cuestión política se centra en “equiparar las condiciones salariales de los empleados de la contrata o subcontrata con los de las empresas principales”. Se trata, por tanto, de un planteamiento político que persigue “reformar las empresas de servicios” con el objetivo de que las compañías contratistas garanticen las condiciones laborales esenciales de sus trabajadores que tendrían si fueran trabajadores directos de la empresa principal.

En su opinión, el modelo actual de las contratas “puede ser catalogado de alta precariedad en los contratos, bajos salarios y falta de responsabilidad de la empresa principal”. Si a ello se suma, dijo, “que la externalización de los servicios puede ser causa de despido tenemos una realidad que inevitablemente iba a terminar en el debate político”. Una externalización, recordó, que en muchas ocasiones supone que esos trabajadores harán el mismo trabajo por un sueldo más bajo. De ahí que “la dualidad entre trabajadores externos e internos esté en el punto de mira”.

Con todo, y a pesar de la oportunidad de la propuesta y el gran alcance de la reforma, censuró que se limita, al menos en su versión inicial al concepto de propia actividad, al tiempo que “no brilla por su claridad técnica incorporando conceptos abiertos como el de condiciones laborales esenciales”.

En este punto, si bien no se sabe qué suerte correrán las enmiendas presentadas, sostiene Jesús Lahera que es necesario “romper la conexión entre contrata y contrato de obra” así como “olvidar el concepto de propia actividad, ampliar la responsabilidad de la empresa principal y llevar a cabo una equiparación salarial entre trabajadores internos y externos”. Para los supuestos de huelga y negociación colectiva serían necesarias ciertas modificaciones para que los sindicatos puedan negociar triangularmente (con la empresa principal y la contratista). Si se abordan estos cuatro puntos de manera centrada y moderada, concluyó, “servirá para mucho”.

Sobre este punto ahondó Tomás Sala Franco, director de formación de Abdón Pedrajas & Molero, que puso de manifiesto los problemas que plantea el concepto jurídico indeterminado de “contratas de la propia actividad” de la empresa principal, sobre el que pivota el sistema de responsabilidades en las contratas y subcontratas de obras y servicios. Un concepto, explicó, que “no ofrece una seguridad jurídica mínima a la hora de su interpretación jurisprudencial que, finalmente, siempre va al caso concreto y tiene en cuenta las circunstancias concurrentes”.

Asimismo, abordó el problema de cómo compatibilizar la estabilidad de los trabajadores de una empresa privada en supuestos de reversiones administrativas con el principio de igualdad de acceso del funcionario público, en tanto que este hecho, “supone la consolidación de la actividad funcionarial por una vía espuria con la correspondiente injusticia para el resto de funcionarios que sí han aprobado una oposición”. Así, planteó la posibilidad de “someter a la Justicia Europea una cuestión prejudicial para determinar si el principio de igualdad de acceso puede oponerse al de estabilidad de los trabajadores”.

Por su parte, Iván López García de la Riva, socio Director Área Laboral de Abdón Pedrajas & Molero, lamentó que la proposición de ley afecta a todo tipo de externalizaciones, incluida la cualificada, y planteó la idoneidad de una reforma más sectorial, mientras que Antonio Pedrajas, socio director de la firma, criticó que la propuesta, en su propia Exposición de Motivos, equipara externalización con precarización, y apuntó a que sería un buen momento para definir determinadas cuestiones como cuándo hay contrata.