Bruselas, 28 mar (EFECOM).- El ministro español de Consumo, Alberto Garzón, anunció este martes que el derecho a reparar productos estropeados "va a ser una prioridad" del Gobierno durante la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), que España asumirá a partir del 1 de julio y durante el segundo semestre de 2023.

Garzón aseguró que el blindaje legal de este derecho recientemente acuñado "sirve como una nueva regulación para facilitar la reparación antes de una nueva compra" de un producto, según dijo en su discurso en la Cumbre Europea de Consumidores, que se celebra en Bruselas.

Este anuncio del ministro español llega una semana después de que la Comisión Europea propusiera, en este mismo sentido, una iniciativa legislativa para garantizar el derecho a reparar para evitar el desperdicio de recursos, fomentar el ahorro de los ciudadanos y avanzar hacia un modelo de economía circular.

Bruselas quiere que, fuera del período de garantía, las empresas fijen unas condiciones obligatorias de reparación bajo las cuales los consumidores podrán reclamar reparaciones por un período de entre 5 y 10 años, en función del producto.

La propuesta del Ejecutivo comunitario, que deberá ser negociada con el Parlamento Europeo y los Estados de la UE, cubre productos como lavadoras, lavavajillas, neveras, aspiradoras, pantallas electrónicas, servidores y almacenamiento de datos, pero no abarca por ahora teléfonos móviles o tabletas.

Aparte de esto, a juicio del ministro Garzón, el nuevo derecho a reparar también va a servir "para informar" a los ciudadanos, y remarcó que los consumidores tienen derecho a saber los costes que conlleva la fabricación de un producto.

El ministro español defendió la necesidad de "vincular cada vez más el consumo con la transición ecológica" aunque, por otra parte, también señaló las dificultades que, en su opinión, conllevan estos procesos de concienciación ciudadana.

El hecho de tirar aparatos defectuosos o que ya no funcionan, en vez de llevar a repararlos, conlleva un coste financiero de 12.000 millones de euros al año para los consumidores de la UE, según estima la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario calcula que esta práctica genera de forma innecesaria 35 millones de toneladas de basura anuales en la UE, 261 toneladas de CO2 liberadas a la atmósfera y 30 toneladas de recursos desperdiciados.