El Consejo de la Abogacía de Castilla y León celebra este año 2017 su cuarto de siglo como voz de los letrados de la Comunidad, los veinticinco años transcurridos desde que surgiera su germen, en febrero de 1992, a raíz de un encuentro de los decanos de las nueve provincias castellano-leonesas que tuvo lugar en León.
Al acto, celebrado en Valladolid, que se aprovechó para nombrar presidente de Honor del Consejo a su último exdirigente, el salmantino Fernando García Delgado, y la imposición de dos Grandes Cruces de la Abogacía a los exconsejeros Jesús López Arenas y Luis Nieto, asistió la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega.
En su discurso, el actual presidente, Julio Sanz Orejudo, hizo un repaso por la historia de esta entidad, nacida del consenso y el buen talante, así como a los inicios de lo que hoy en día es el CRACyL, cuando años atrás, sin competencias específicas, los representantes de las nueve provincias de Castilla y León entendieron que juntos y coordinados podrían hacer, de su profesión, un referente de cara a las instituciones y a los ciudadanos.
Sanz Orejudo, presidente desde el pasado mes de marzo, tuvo un recuerdo para quienes pusieron los pilares del Consejo, que echó a andar con el vallisoletano Mariano Vaquero, y quienes durante estos años han formado parte, como decanos o consejeros, y citó los nombres de todos los que le precedieron en la Presidencia.
El también decano de Segovia afirmó que aquellos hombres “forjaron un proyecto común que, quiero destacarlo de forma especial, presidió siempre la concordia, una palabra hoy, en muchos ámbitos, compleja de pronunciar y difícil de salvaguardar, lamentablemente”.
La abogacía castellano y leonesa, señaló, “ha ido ocupando durante este tiempo su lugar en el conjunto de la Abogacía Española, ha conseguido hacer oír su voz en la sociedad castellano-leonesa y trasladado a nuestro territorio la opinión y la lucha de los abogados por la integridad de la profesión en los momentos de mayores desvelos”.
Al respecto, señaló entre los asuntos que el Consejo ha tenido que afrontar durante estos últimos años “las repercusiones de la Ley de Acceso, la inaceptable Ley de tasas, la dignificación del turno de oficio, los constantes cambios legislativos, la puesta en marcha del Expediente Electrónico y la adaptación de la profesión a las nuevas tecnologías, Lexnet, los envites al sistema de asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia, o el desembarco de la mediación”.
El CRACyL ha celebrado tres Congresos regionales en Ponferrada, Ávila y León, asumido los retos y ha intentado, dijo, “paso a paso, situarse en el paisaje de una Abogacía moderna, que mira a Europa y mantiene, a pesar de ello, la raigambre del oficio, volcado, un poco más cada día, en la Justicia Social, un objetivo, en mi opinión, irrenunciable en estos tiempos, que nos pone ante el espejo de la sociedad a la que servimos”.
Sanz Orejudo se mostró convencido de que el Consejo tendrá un buen futuro y “continuará por el camino de aquella concordia de la que hablaba, aquel buen entendimiento que siempre nos ha definido y que está muy por encima de estériles luchas de intereses”, defendió.
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