El pasado 7 de diciembre se comunicó, desde Bruselas, la propuesta de una nueva Directiva que incluye diferentes reformas para armonizar las reglas de insolvencia entre los distintos países de la Unión Europea. La falta de unificación en los regímenes de insolvencia es uno de los principales obstáculos identificados por el Fondo Monetario Internacional para la integración de los mercados de capitales europeos. Con esta propuesta, la Comisión Europea pretende avanzar en la integración económica y financiera a través de la Unión de Mercados de Capitales.
Este obstáculo se presenta cuando, a la hora de evaluar una oportunidad, los inversores transnacionales se encuentran con unas normas fragmentadas a escala nacional, que disminuyen el atractivo de una inversión transfronteriza debido a la variación en resultados y eficacia dependiendo de cada territorio. Esto, a su vez, produce una distorsión respecto a los procedimientos de insolvencia, aumentando los costes de información y aprendizaje en las operaciones de este tipo. Con esta propuesta de Directiva la Comisión Europea pretende mejorar la libre circulación de capitales.
Teniendo en cuenta que el mercado europeo se encuentra inmerso en un período de incertidumbre, debido a la actual crisis energética y el limitado espacio fiscal para subvenciones públicas, no se desestima que haya un posible aumento de las salidas de empresas con un nivel de endeudamiento insostenible. En el ámbito nacional, el Consejo General de Economistas de España también prevé un máximo histórico de los concursos de acreedores en 2022 el cual afectará especialmente a autónomos y pequeños comerciantes, según la firma jurídica experta en insolvencia Abencys. En este contexto, unas normas de insolvencias mejor alineadas y más eficientes aumentarían la capacidad de absorción de estas operaciones.
Consecuencias favorables de la nueva propuesta de directiva europea
Los expertos del despacho estiman que las consecuencias de la nueva propuesta de Directiva serán positivas para la Unión de Mercado de Capitales, fomentando la inversión transfronteriza que mejoraría la recuperación de activos y el pago a los acreedores. Además, se reduciría el coste de cumplimiento para las empresas y simplificaría la documentación requerida para que estas coticen en los mercados públicos, por lo que el ahorro se calcula en unos 100 millones de euros al año.
Por otro lado, las reformas establecen distintos beneficios para microempresas y pymes. Respecto a las primeras, se introduce un marco específico que permite reducir sus costes de liquidación y liberar de deudas a sus propietarios. Esta medida supone que puedan seguir emprendiendo y contribuyendo a las economías nacionales con su innovación. Para las pymes, se facilita su salida a los mercados y su financiación dentro de la Unión Europea, lo que reduce el riesgo de búsqueda de fondos en el extranjero.
“Esta nueva Directiva aumentará la eficiencia de los procedimientos de insolvencia, suponiendo menores costes de liquidación para las empresas y mayores tasas de recuperación para los acreedores. Sin duda, es un paso para la unificación europea que facilitará los procesos concursales y de insolvencia”, afirma Luis Martín, socio de Abencys.
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