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En este video, Andrea Benítez de Vilches Abogados, nos habla sobre lo que puedes hacer si tienes una deuda que debes reclamar a un empresario, profesional o sociedad que se encuentra en concurso de acreedores y sospechas que está ocultando o sacando bienes de su patrimonio para evitar que los acreedores como tú cobren.

Primero, es importante entender qué es un concurso de acreedores. Ocurre cuando una empresa, persona física o empresario tiene dificultades para realizar los pagos como lo hacía anteriormente, lo que indica insolvencia. Si esta situación persiste durante más de dos meses, la ley concursal nos dice que debemos comunicar esta situación al juzgado y solicitar un concurso de acreedores.

Si seguimos este procedimiento legal, estamos iniciando lo que se llama un "concurso voluntario" porque lo hacemos por nuestra propia voluntad para resolver la situación de insolvencia. Sin embargo, si no cumplimos con nuestra obligación legal de comunicar esta situación dentro de los dos meses, otra persona, como los acreedores, puede hacerlo por nosotros. En este caso, el concurso se considera "culpable".

Un concurso culpable implica que la insolvencia o su agravamiento es resultado del dolo o culpa del deudor que está en concurso de acreedores. En otras palabras, se asume que hubo mala fe por parte del deudor al no cumplir con sus obligaciones legales. La ley establece motivos específicos por los cuales se considera un concurso culpable, como no notificar el concurso en el plazo de dos meses.

Algunos de estos motivos pueden incluir el ocultamiento de bienes, la venta de activos a terceros para evitar que los acreedores puedan cobrar, incumplimiento de obligaciones contables o aportación de documentación falsa.
 
Las consecuencias de un concurso culpable pueden ser graves, como la imposibilidad de acogerse a una ley de segunda oportunidad que perdone las deudas. Además, el deudor podría ser obligado a traer nuevamente los bienes que sacó de la empresa o su patrimonio para que los acreedores puedan cobrar de ellos.
 
En casos de empresas, esta responsabilidad no solo recae en los socios, sino también en los administradores legales o encubiertos.
 




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