El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha registrado hoy ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las más de 2.000 firmas recogidas en la campaña institucional impulsada el pasado 1 de mayo por el ICAM para garantizar la conciliación de la abogacía.
La entrega de estas firmas coincide con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa que, en su artículo 14, reconoce explícitamente la conciliación como un derecho de los profesionales de la abogacía.
En una carta dirigida tanto a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, como al presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, Ribón recuerda que, aunque la ley contempla la suspensión de procedimientos por causas justificadas, “hemos detectado casos en los que las peticiones de nuestros colegiados en estas circunstancias no son atendidas adecuadamente por los juzgados”. Casos como el de una letrada que no obtuvo la suspensión de un señalamiento a pesar de estar de baja por embarazo de riesgo, o el de un colegiado que tuvo que asistir a un juicio con una fractura de peroné, reflejo de una situación ante la que el Colegio madrileño articuló una campaña institucional que ha obtenido un respaldo masivo por parte del sector legal.
Respaldo masivo del sector legal
En los siete meses transcurridos desde su lanzamiento, la campaña ha recibido el apoyo de más de 2.000 abogados y abogadas, muestra de una preocupación ampliamente compartida en la profesión ante las dificultades para compatibilizar el ejercicio profesional con la vida personal y familiar. “Estas situaciones no solo vulneran derechos, sino que también afectan gravemente al ejercicio de la profesión”, señala Ribón.
La presentación de las firmas este 3 de diciembre no es casual. La coincidencia de esta acción con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa pretende subrayar la necesidad de blindar con urgencia un derecho consagrado en esta nueva norma.
En su artículo 14, la ley establece que “en el marco de las actuaciones procesales, los profesionales de la abogacía tendrán derecho a solicitar la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, tales como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento de menores, la hospitalización de cónyuge o de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad y de pariente o familiar a cargo, y el fallecimiento de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad”
Además, la nueva ley señala que “también se podrá solicitar la suspensión del procedimiento por accidente o enfermedad del profesional de la abogacía interviniente que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización”.
Las carencias de la LODD sobre conciliación
A pesar de este reconocimiento formal en la Ley que hoy entra en vigor, el ICAM es crítico con la redacción final del articulado, ya que la LODD no hace sino redundar en lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, donde ya se introdujeron distintas medidas para facilitar la conciliación de los profesionales de la abogacía.
“Se ha desaprovechado la ocasión de eliminar la discrecionalidad judicial en la aplicación de este derecho, al no establecer criterios claros y homogéneos. La ausencia de estas pautas supone un riesgo para la consistencia en su aplicación, lo cual ya está afectando significativamente el ejercicio de la conciliación para los profesionales de la abogacía.”, apunta Javier Mata, Diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía.
Por su parte, Juan Manuel Mayllo, Diputado Responsable de Turno de Oficio, advierte que "en el ámbito de la Justicia gratuita estas carencias en la aplicación del derecho a la conciliación tienen un impacto particularmente grave. Los abogados y abogadas del Turno de Oficio desempeñan una labor esencial para garantizar el acceso universal a la justicia. Es fundamental que este derecho no quede limitado al papel y se traduzca en una protección real y efectiva, especialmente para quienes, desde el turno de oficio, están sosteniendo el pilar fundamental del derecho de defensa en condiciones muchas veces adversas."
Por ese motivo, el Decano madrileño ha iniciado en el CGPJ y el TSJM un recorrido reivindicativo que proseguirá ante los grupos parlamentarios, además de otras autoridades judiciales, para acelerar soluciones efectivas, de manera que la conciliación deje de ser vista como una excepción y pase a formar parte de la práctica habitual.
Además, el Colegio madrileño mantendrá operativo el servicio 112 Abogacía, una línea de atención que funciona las 24 horas que ofrece soporte en casos de urgencia relacionados con el ejercicio profesional, incluida la conciliación. Así, poniendo en práctica lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio el Colegio madrileño atiende y gestiona las peticiones de suspensiones de plazos en los casos en que los profesionales no puedan continuar con el proceso por fuerza mayor. Un servicio atendido desde el área de Defensa de la Abogacía ICAM, que solo en lo que va de año ha gestionado 322 suspensiones de señalamientos y plazos.
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