La causa a favor de la conciliación de los abogados y abogadas cuenta desde hoy con un nuevo marco de apoyo institucional. Bajo el lema “ICAM por la conciliación”, el Colegio de la Abogacía de Madrid lanza una campaña en web y RRSS para visibilizar el problema y concienciar a las instituciones y a la opinión pública de la necesidad de facilitar la conciliación a quienes ejercen la abogacía.
“La dignidad de la Abogacía exige el reconocimiento del derecho a la conciliación”, ha manifestado el decano Eugenio Ribón, en cuyo programa de gobierno el derecho a conciliar figura como uno de los ejes prioritarios de su mandato.
Como parte de esta iniciativa, la corporación madrileña ha hecho público su “MANIFIESTO POR LA CONCILIACIÓN DE LA ABOGACÍA”, un decálogo en el que recuerda que a pesar del importante papel constitucional que desempeña, la abogacía es el único operador jurídico sin derecho a la conciliación. “Los abogados/as están sometidos a unos plazos improrrogables, lo que supone en la práctica que, con independencia de la situación del profesional de la abogacía, se tienen que seguir cumpliendo los señalamientos establecidos”, sostiene. Este problema, abunda el ICAM, “no solo perjudica a la abogacía, sino también a nuestros clientes que tienen derecho a la mejor defensa posible”.
Para revertirlo, el Manifiesto plantea en primer lugar modificar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 179, sobre la suspensión del proceso; 183, sobre la solicitud de nuevo señalamiento; y 188, relativo a la suspensión de vistas.
DESCONEXIÓN DIGITAL
Además de la vía legislativa, la abogacía madrileña propone explorar medidas tan concretas como la posibilidad de certificar telemáticamente la indisposición o enfermedad del letrado/a o la celebración de vistas a distancia. Con ese ánimo de hacer de la justicia digital un aliado para lograr la conciliación, los abogados y abogadas reclaman también su derecho a la desconexión digital, de manera que cada profesional disponga de 30 días al año sin notificaciones ni plazos judiciales o administrativos.
Por otra parte, y dado que la imposibilidad de conciliar adecuadamente incide negativamente en la salud mental de los profesionales de la abogacía, desde el Colegio se subraya la necesidad de trabajar en la detección y el apoyo frente a las adicciones y la puesta en marcha de programas de asistencia psicológica. Asimismo, se considera imprescindible impulsar la corresponsabilidad en el cuidado de la familia y del hogar: “Queremos conciliación para abogados y para abogadas y también queremos que las mujeres no tengan techo en sus posibilidades de alcanzar puestos de liderazgo”, concluye el texto.
TESTIMONIOS
La campaña también pretende visibilizar los casos de abogados y abogadas que han sufrido las consecuencias de la falta de un derecho a la conciliación reconocido, de forma clara, por la ley. Así, se recoge el caso de Pedro Resino, quien no pudo suspender el señalamiento por el nacimiento previsto de su hija, al no haber nacido en ese momento y no encontrarse de baja. O el de Eva Papadopulos quien denuncia que, a pesar de haber presentado en reiteradas ocasiones partes médicos, “la suspensión está supeditada a la decisión de los LAJ”. Papadopulos además recuerda que, en una ocasión, en una suspensión temporal por accidente de tráfico, “se propuso al cliente particular el cambio de la dirección letrada o la designación de oficio, si no designaran abogado particular diferente a mi representación letrada”.
El objetivo es que todas estas situaciones salgan a la luz y ayuden a impulsar los cambios legislativos que el ICAM viene reclamando.
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