Esta mañana, el presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, la institución que reúne los ocho Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana, Agustín Ferrer, ha intervenido en la Comisión de Justicia de les Corts Valencianes, donde ha lamentado la lentitud con la que se reaccionó desde los órganos judiciales, los cuales debieron “estar en activo mucho antes”, tras el estado de alarma decretado por la pandemia. En este sentido, Ferrer ha alertado de que esta falta de agilidad “nos llevara a un auténtico caos judicial, con un retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales inasumible”, según ha afirmado el presidente del CVCA.

Así mismo, el presidente del CVCA ha señalado que mediante el Plan de Choque elaborado por el Ministerio de Justicia se prevé la creación de tres juzgados para la Comunitat Valenciana, uno por provincia, “lo que resulta del todo insuficiente puesto que para lograr llegar a cubrir las necesidades del momento, harían falta 30 veces más juzgados”, ha señalado Agustín Ferrer.

“Queremos poner de manifiesto que, si la situación de la Justicia ya era insostenible antes de la pandemia, ahora está al borde del colapso, lo que no podemos permitir porque una Administración de Justicia rápida genera paz social”, ha señalado Ferrer. Al tiempo que ha alertado del caos judicial que se espera a partir de octubre, sobre todo en “procedimientos por violencia de género, mercantil y civil”.

Para combatirlo, el Consejo Valenciano, considera imprescindible, entre otras cuestiones, “modernizar la justicia” a través de la creación del expediente electrónico, lo que logrará “de forma clara conseguir un aforo seguro en los órganos judiciales”.

La mediación como vía alternativa a la judicial para evitar el colapso

Durante su intervención, el presidente de los abogados y abogadas valencianos ha puesto en valor el uso de la mediación para evitar el colapso judicial. En este sentido, ha señalado Ferrer, que el futuro Reglamento de Mediación en el que trabaja el Consell “constata un riesgo de externalización de la justicia”, al no exigir que los mediadores que participen en las mediaciones intrajudiciales -aquellas que se producen cuando se han judicializado los asuntos- sean abogados y abogadas en ejercicio.  

“Si lo que se busca con la mediación intrajudicial es desatascar la Administración de Justicia, consideramos que el Reglamento debe prever que el mediador, o en el caso de la comediación al menos uno de los mediadores, sea un profesional del Derecho. Si no se hace va a conseguir justo el efecto contrario”, ha destacado Ferrer.