• Reunidos en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso y los consejeros Enrique López y Manuel Giménez han acordado la firma de un convenio para mejorar la difusión y agilizar los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos

• También se ha abordado la necesidad de impulsar conjuntamente el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid

Con el objetivo de contribuir a una mayor difusión del arbitraje de consumo y aliviar la carga de trabajo de los tribunales en la Comunidad de Madrid, el decano del Colegio de Abogados, José María Alonso, se ha reunido hoy con los consejeros de Interior, Justicia y Víctimas, Enrique López, y de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede del ICAM, han acordado la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones para reforzar la difusión y extender la utilización de un servicio que permite resolver conflictos entre consumidores y usuarios sin tener que recurrir a los tribunales. Asimismo, el Colegio de Abogados y la Comunidad de Madrid han acordado impulsar conjuntamente la mediación y el arbitraje en el ámbito laboral en casos de despido, potenciando el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid.

“El propósito es potenciar este sistema, difundir su conocimiento y extender su uso a muchos más casos y empresas, porque significará una justicia más ágil y una mejor respuesta para las empresas y los ciudadanos y menor carga de trabajo para la jurisdicción ordinaria”, ha señalado Manuel Giménez a la salida de la reunión. Para ello, “hemos alcanzado el acuerdo de empezar a trabajar en la promoción del arbitraje de consumo a través del Instituto de Arbitraje de Consumo de la Comunidad de Madrid”, ha declarado el consejero de Economía.

“Propiciar el arbitraje en materia de consumo va a suponer un extraordinario beneficio para los ciudadanos”, ha señalado por su parte José María Alonso, agradeciendo a la Comunidad de Madrid que hayan contado con el ICAM para impulsar una iniciativa que también va a ser beneficiosa para la abogacía “en la medida en que pretende ‘descolapsar’ a los juzgados de una carga enorme de asuntos”. Además, este proyecto “va a suponer oportunidades de trabajo para los abogados que pueden intervenir como árbitros en estos procedimientos”, según ha añadido el decano.

En ese sentido, el Colegio de Madrid va a prestar “el máximo apoyo para conseguir que los abogados se involucren de verdad en esta iniciativa, que recomienden a los clientes que vayan a este sistema de solución de conflictos y que participen también como árbitros en estos procesos”, ha anunciado Alonso.

Por su parte, Enrique López ha puesto de relieve la necesidad de “trabajar para que el ciudadano y las empresas entiendan que el arbitraje es una alternativa a la jurisdicción y además es un instrumento muy beneficioso para la resolución de conflictos”. Con ese objetivo, el consejero de Justicia ha destacado la importancia de animar a las empresas a que suscriban los convenios para participar en los tribunales arbitrales, así como de generar una cultura arbitral en el consumidor.

Fomentar la mediación

En cuanto el arbitraje relacionado con la jurisdicción laboral en casos de despido, el consejero de Economía ha explicado que el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) maneja más de 90.000 expedientes y pretende, “con la contribución esencial del Colegio de Abogados de Madrid”, brindar una respuesta al ciudadano “ágil y rápida” para aliviar la carga de trabajo de la jurisdicción laboral.

Para el decano madrileño, el que se quiera contar con los abogados para que participen en los procesos de mediación es “una magnífica noticia” para los ciudadanos, que son el bien jurídico a proteger, pero también para la abogacía “como un elemento fundamental que queremos que en la Comunidad de Madrid tenga el peso que se merece”.

En materia de mediación, ha declarado por su parte Enrique López, “tenemos que potenciar el SMAC como un sistema previo a acudir a los tribunales, fundamentalmente en materia de despidos”, contando también con los abogados a fin de “generar una mayor conciencia de la mediación para establecer sistemas alternativos de resolución de conflictos que descarguen a la administración de Justicia”. En referencia a la presunción de fraude que desde la Hacienda estatal a veces se establece en las conciliaciones que se celebran en este tipo de servicios, el consejero ha apuntado la importancia de establecer una confianza plena en que estos acuerdos que se celebran en el SMAC “estén henchidos de una voluntad legítima por parte de empresario y trabajador”.