• Los negociadores del Parlamento Europeo, del Consejo de la UE y de la Comisión han alcanzado un acuerdo sobre una Directiva revisada que facilitará la disponibilidad y la reutilización de datos del sector público.

Los datos son el combustible que alimenta el crecimiento de muchos productos y servicios digitales. Con miras a acelerar la innovación europea en campos altamente competitivos, como la inteligencia artificial, que requieren el acceso a grandes cantidades de datos de alta calidad, resulta esencial asegurar la disponibilidad gratuita de los datos de alta calidad y de alto valor de los servicios financiados con fondos públicos.

De conformidad con el Reglamento general de protección de datos de la UE, la nueva Directiva sobre los datos abiertos y la información del sector público (ISP) (que puede abarcar desde datos personales anónimos sobre el consumo doméstico de energía hasta información general relativa a la educación nacional o los niveles de alfabetización) se actualiza y establece las condiciones por las cuales los datos del sector público deberían ponerse a disposición para su reutilización, haciendo especial hincapié en las cantidades de datos de alto valor, cada vez mayores, que están disponibles.

El vicepresidente responsable del mercado único digital, Andrus Ansip, ha declarado lo siguiente: «Los datos son, cada vez más, el motor de la economía actual. Desbloquear el potencial de los datos abiertos generará importantes beneficios económicos. Se estima que el valor económico directo total de la información recabada del sector público y de los datos procedentes de empresas públicas pasará de 52 000 millones EUR en 2018 a 194 000 millones EUR en 2030. Con estas nuevas normas buscamos sacarle el máximo partido a este crecimiento».

Mariya Gabriel, comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, ha añadido: «Los contribuyentes han pagado por la información del sector público. Hacerla más abierta para su reutilización beneficia a la economía de datos europea, pues da lugar a productos y servicios innovadores, por ejemplo, basados en las tecnologías de inteligencia artificial. Asimismo, más allá de la economía, los datos abiertos del sector público son importantes para nuestra sociedad y democracia, ya que aumenta la transparencia y apoya un debate público basado en hechos».

Las normas que forman parte de la política de datos abiertos de la UE pretenden alentar a los Estados miembros a favorecer la reutilización de datos del sector público con limitaciones mínimas, o que no sean de carácter jurídico, técnico y económico. Sin embargo, desde la aparición de estos datos en 2003, el mundo digital ha experimentado un cambio radical.

¿Qué abarcan estas normas?

• En principio, todo el contenido del sector público al que se pueda acceder, según las normativas nacionales relativas al acceso a documentos, estará disponible libremente para su reutilización. Salvo en casos muy excepcionales, los organismos del sector público no podrán cobrar más del coste marginal para la reutilización de sus datos, lo que facilitará que más pymes y empresas emergentes accedan a nuevos mercados, ofreciendo productos y servicios basados en los datos.
• Se insistirá especialmente en conjuntos de datos de alto valor, como son los datos estadísticos o geoespaciales. En el ámbito comercial, estos conjuntos de datos tienen un gran potencial y pueden acelerar la aparición de una amplia variedad de productos y servicios basados en la información de valor añadido.
• Las empresas públicas en el sector del transporte y en los servicios públicos generan datos valiosos. La decisión de poner, o no, sus datos a disposición dependerá de distintas normas nacionales o europeas. Sin embargo, cuando sus datos estén disponibles para su reutilización, las empresas estarán sujetas a la Directiva sobre los datos abiertos y la información del sector público, lo que implica que tendrán que cumplir con los principios de la Directiva, así como garantizar el uso de formatos de datos y métodos de difusión apropiados. Asimismo, podrán cobrar precios razonables para recuperar los gastos derivados de ello.
• Algunos organismos públicos llegan a acuerdos complejos relativos a los datos con empresas privadas, lo que puede conllevar que la información del sector público permanezca «de puertas adentro». Por consiguiente, se pondrán en marcha mecanismos de salvaguardia con miras a reforzar la transparencia y limitar la firma de acuerdos que podrían comportar la reutilización de datos del sector público exclusivamente por parte de socios privados.
• La disponibilidad de más datos en tiempo real, que estarán disponibles gracias a las interfaces de programador de aplicaciones (API), permitirá a las empresas, sobre todo a las emergentes, desarrollar productos y servicios innovadores (por ejemplo, aplicaciones de movilidad). Asimismo, se incluyen en el ámbito de actuación de la Directiva los datos de investigaciones financiadas con fondos públicos: se solicitará a los Estados miembros que desarrollen políticas para permitir el acceso público a datos de investigación financiados con fondos públicos y se aplicarán normas armonizadas de reutilización a todos los datos de investigación financiados con fondos públicos a los que se pueda acceder a través de repositorios.

Próximas pasos

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE tienen que adoptar ahora formalmente la normativa revisada. A continuación, los Estados miembros contarán con un plazo de dos años para incorporarla, antes de que entre en vigor. La Comisión empezará a trabajar con los Estados miembros en la identificación de conjuntos de datos de alto valor, que se dispondrán en un acto de ejecución.