Todas las víctimas de delitos merecen apoyo en toda la Unión Europea. La iniciativa de la Comisión Europea presentada hoy tiene por objeto reforzar sus derechos en toda la Unión Europea para que reciban apoyo, información, justicia e indemnización. La propuesta de actualización de la Directiva vigente establece normas mínimas que van más allá de las adoptadas en 2012 y tienen en cuenta la evolución de las necesidades de nuestra sociedad, así como la de la tecnología y la justicia.
La reforma consta de los elementos siguientes:
- Garantía de que las víctimas estén bien informadas de sus derechos y dispongan de los recursos necesarios para denunciar un delito, concretamente mediante el establecimiento de una línea telefónica universal para las víctimas con un número de teléfono para toda la UE (116 006) y la creación de un sitio web completo, que también debería valer para charlas y correos electrónicos.
- Mejora de las medidas de seguridad adaptadas a las necesidades específicas de las víctimas vulnerables (por ejemplo, niños, personas mayores, personas con discapacidad, víctimas de delitos motivados por el odio o víctimas detenidas). Proponemos a este respecto mejorar la evaluación individual de las necesidades de protección de las víctimas desde el primer contacto con las autoridades y ampliar la lista de medidas de protección disponibles, por ejemplo, órdenes de protección o garantía de la presencia de autoridades policiales.
- Acceso de las víctimas vulnerables a servicios de asistencia especializada, por ejemplo, asistencia psicológica gratuita durante el tiempo necesario en función de las necesidades particulares de la víctima.
- Acceso a la justicia más sencillo, velando por que las víctimas reciban asistencia suficiente ante los órganos jurisdiccionales y por qué estén facultadas para impugnar las resoluciones en los procedimientos penales que afecten a sus derechos, independientemente de su estatuto durante tales procedimientos.
- Garantía de que las víctimas reciban verdaderamente una indemnización en su totalidad inmediatamente después de la sentencia. Las víctimas deben tener derecho a obtener una resolución sobre la indemnización del autor del delito en el marco del procedimiento penal (sin necesidad de recurrir a otro procedimiento) y el Estado debe abonar la indemnización directamente a la víctima, solicitando posteriormente el reembolso al autor del delito.
Estas revisiones y medidas propuestas se basan en la evaluación de la Directiva sobre los derechos de las víctimas de 2012 y la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas 2020-2025, lo que refleja el compromiso de la Unión Europea de mejorar continuamente la protección y el apoyo ofrecidos a las víctimas de delitos en todos los Estados miembros.
Próximas etapas
La propuesta de la Comisión ha de ser adoptada ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo. Una vez adoptada, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar la Directiva a su Derecho nacional. Se establece una excepción aplicable al uso de medios de comunicación electrónicos, en relación con los cuales los Estados miembros tendrán cuatro años para crear las estructuras necesarias.
Contexto
La Directiva sobre los derechos de las víctimas comenzó a aplicarse en 2015. Desde entonces, ha surtido efectos positivos en cuanto al derecho de las víctimas de recibir información y ha mejorado el acceso de las víctimas a los servicios de asistencia.
En junio de 2020, la Comisión adoptó la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025) para intensificar sus esfuerzos por garantizar el acceso a la justicia de todas las víctimas de delitos, independientemente del lugar de la UE o de las circunstancias en que se hubiera cometido el delito. La Estrategia establecía una serie de medidas no legislativas en relación con los derechos de las víctimas, incluida una revisión de la Directiva sobre los derechos de las víctimas de 2012, y preveía que la Comisión evaluase el efecto de esa Directiva y presentara una propuesta legislativa para actualizarla en caso necesario. La evaluación de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, adoptada en junio de 2022, ha confirmado que, en términos generales, ha surtido los efectos previstos. Sin embargo, también ha detectado deficiencias que requieren mejoras concretas en relación con los principales derechos de las víctimas en virtud de la Directiva. Los problemas están relacionados con la falta de claridad y precisión con la que se formulan determinados derechos y con el amplio margen de maniobra de que disponen los Estados miembros a la hora de observarlos en la práctica.
La transposición de la Directiva sobre los derechos de las víctimas se ha completado en su mayor parte en los Estados miembros. En 2016, la Comisión había incoado procedimientos de infracción contra 26 Estados miembros de la UE por transposición incompleta de la Directiva. Desde entonces, la Comisión ha archivado todos los procedimientos de infracción, excepto uno.
Con el fin de subsanar las deficiencias de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, señaladas en su evaluación y en numerosas consultas, la Comisión propone modificaciones concretas que refuercen la capacidad de las víctimas para invocar sus derechos.
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