La Comisión Europea en su último informe de 2020, respecto del Estado de Derecho en España, ha advertido sobre la falta de regulación de los grupos de interés en el país, así como ha advertido del papel que juegan los mismos en los procedimientos legislativos.

Primeramente, cabe advertir que un lobby o grupo de interés opera como una organización, o una asociación de diferentes individuales en que confluyen unos mismos intereses, que ejerce de forma conjunta su poder, pretendiendo influir de forma real en, por ejemplo, la dirección de redacción de una propuesta normativa, con lo que, de forma indirecta, estos tipos de grupos de intereses, acaban ejerciendo una presión que cambia, en muchas ocasiones, las propuestas legislativas.

En España, no existe una regulación específica en materia de lobbies, aunque sí existen regulaciones determinadas en algunas Comunidades Autónomas, igual que en algunos municipios de cierta importancia, se han aprobados códigos de conducta, relacionadas con las mismas, a veces, poco éticas, de estos grupos. Asimismo, el GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, el cual, forma parte del Consejo de Europa, ya advirtió en junio de 2019, acerca de esta problemática.

Por un lado, encontramos el Registro sobre Transparencia que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia creó finalmente hace unos años, en que se inscriben estos grupos de interés. Por otro lado, cabe recordar que, en 2013, fue aprobada la llamada “Ley de Transparencia”, que recoge que requisitos deben cumplir los sujetos pasivos de la misma, pero no obliga a dar a conocer los diferentes pasos que se han tomado en la redacción y negociación de las propuestas legislativas.

A nivel europeo, nos encontramos frente a que existe el llamado “Registro de Transparencia de la Unión Europea”, en el cual, se inscriben de forma obligatoria todos aquellos grupos de intereses que pretenden poder influir en los procedimientos legislativos de Bruselas.

Así pues, el principal reto al que se enfrenta no solamente el Reino de España, sino también la propia Unión Europea, que corre el riesgo de estar controlada de forma continua por estos grupos de interés, es el de dar “salida a esa transparencia”, normalizando las relaciones que se dan entre los diferentes grupos políticos y de interés, así como legislando de forma en que se establezca una supervisión de los mismos, que no su prohibición.