·         Trabaja con e BCE y la EBA en una plataforma digital que permita a los bancos deshacerse de créditos fallidos

·         Actualmente el mercado de titulizaciones asciende a entre 100.000 y 150.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea

·         España está entre los principales países en titulizar créditos morosos junto a Irlanda, Italia y Reino Unido

·         La Comisión Europea sigue sin resolver el problema de la protección de datos y la garantía del derecho de tanteo y retracto, en opinión de Navas & Cusí

Bruselas trabaja en la creación de un mercado secundario para los créditos morosos. En concreto, pretende lanzar una plataforma digital que permitan intermediar a los bancos para colocar sus créditos morosos (non performance loans, NPL) a fondos buitre.

El objetivo plasmado en el documento del pasado 28 de noviembre es que la plataforma actúe en todos los estados miembros, que aglutine a todos los créditos (comercial, hipotecario, de flota, al consumo, etc) y que puedan participar todos los bancos del espacio europeo y todos los inversores, aunque no sean europeos.

Todos los activos deberán de ser subidos al sistema mediante un sistema estandarizado que permita la comparabilidad. Bruselas plantea utilizar algunos sistemas internacionales de codificación, aunque parece apostar por el sistema estandarizado de información de la EBA. “Ni siquiera este punto clave está claro en el documento de la Comisión”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de navascusi.com, despacho especializado en derecho bancario y europeo.

La Comisión sostiene que al crear un mercado único se generan eficiencias y sinergias, se reducen los costes de transacción, se transparenta la fijación de precios y se facilita a un mercado más amplio a los pequeños bancos. “Crearemos un mercado activo, líquido y eficiente”, sostiene la Comisión.  “El dibujo pinta bien, pero ahora hay que ponerle patas”, señala Navas.

En la actualidad ya existen plataformas de intermediación de créditos fallidos, pero ni son en todo el espacio europeo ni de todos los tipos de préstamos ni tienen información estandarizada. “Cuanto más amplia sea la plataforma, más transparencia y menores costes de transacción”, señala Bruselas. Por eso la Comisión trabaja en esta plataforma que puede ser clave para la unión bancaria. Para ello, necesitan aprobar la directiva de servicios crediticios, compradores y recuperación del colateral, cuya propuesta ya está encima de la mesa.

Actualmente el mercado de la titulización de los créditos fallidos a los fondos buitre mueve entre 100.000 y 150.000 millones de euros anuales. Los bancos que han intermediado en los últimos años son 103, de los que 40 acumulan la mayor parte de las colocaciones. Los inversores son europeos y americanos y apenas suman 120, de los que 70 están activos en la Unión Europea. España es uno de los países europeos más activos junto a Irlanda, Italia y Reino Unido. ¿Nuestro principal vendedor? La SAREB, el ‘banco malo’ de la crisis.

Flecos

A pesar de la voluntad de la Comisión, todavía quedan muchos puntos que detallar más allá de la certeza de que la plataforma no debe de tener activos en propiedad. El primer fleco es si será una única plataforma o varias. Según se desprende del documento de la Comisión, parece que Bruselas es partidario de no impedir la proliferación de plataformas siempre que todas tengan los mismos requisitos y almacenen los mismos datos en el mismo formato que además, deberán de compartir con el resto de plataformas. “Se trata de que un banco o un inversor pueda tener acceso al conjunto de los datos desde una sola entrada”, explica Navas.

Otra de las incógnitas es si debe de ser pública o privada. La Comisión parece más bien apostar por titularidad privada para evitar impactos presupuestarios e interferencias políticas. “Pero además muestra su desconfianza de poder encontrar profesionales cualificados y se pregunta si el sector público es mejor gestor que el sector privado”, explica el experto. Eso sí, la Comisión establecería una regulación y eventualmente una supervisión, aunque esta última requeriría de soporte legal europeo, argumenta.

Tampoco está claro qué información debe de ofrecer. Sólo concreta que debe de calificarla como critica, importante o moderada y que no puede haber más de un 15% de información crítica sin rellenar. “Tratando de equilibrar la agilidad administrativa con la garantía de la seguridad de la información proporcionada, la Comisión todavía no ha tomado una decisión”, señala Navas.

Incluso hay dudas sobre los servicios que debería de ofrecer la plataforma. Es obvio que debe de revisar y validar la información, preferentemente por un tercero especializado. “Pero para empezar puede ser la misma plataforma para no elevar los costes de arranque, dice la Comisión”, explica el experto. Además las plataformas deberán de tener identificadores comunes y desde luego, mecanismos para casar la oferta con la demanda. También pueden intermediar en servicios al crédito y dar información de operaciones pasadas que sirva de ‘benchmark’ en la fijación de precios.

Otro de los puntos polémicos es si abrir la plataforma a operadores de terceros países. Bruselas parece inclinarse por que sí, siempre que tengan un representante en alguno de los estados miembros y que contrate servicios legales europeos. “Bruselas entiende que de esta manera se eliminan barreras de entrada en mercados desconocidos, introduciendo más competencia y por tanto más eficiencia en el mercado”, señala el socio-director de navascusi.com. Sin embargo, el experto se plantea el problema de que los préstamos fallidos salgan del espacio europeo. “La Comisión no ofrece respuesta”.

El consumidor, olvidado

Porque el principal escollo es la defensa del consumidor. Aunque el documento de la Comisión señala que la plataforma o plataformas deben de ser irrelevantes a efectos de defensa del consumidor, la realidad es que no explica cómo se defiende un consumidor cuando su crédito ha sido transferido a otro estado miembro. “Y menos aún si su préstamo sale de la UE”, apunta Navas.

Además, el socio-director de navascusi.com se pregunta por qué no se respeta el derecho de tanteo y retracto. ¿Por qué no se ofrece al consumidor la posibilidad preferente de acceder a su crédito como establece la legislación española?, se pregunta el experto. Incluso más: ¿por qué se censura la entrada en la plataforma propuesta por la Comisión a los profesionales y no a los inversores particulares que pueden estar interesados en hacerse con una hipoteca con un 90% de descuento.

“Todo el documento apela a la eficiencia del mercado y apenas dedica un párrafo a la defensa del consumidor. El documento está claramente desbalanceado. Propone que las reglas de acceso y de armonización sean decididas por la Comisión, la EBA, el BCE, los bancos y los fondos buitre, pero se olvida que todo el sistema funciona porque hay unos consumidores detrás que respaldan el préstamo. El colateral tiene detrás a una persona con nombre y apellidos”, señala Navas.

Tampoco queda resuelto -en opinión de Navas- el encaje de esta plataforma con el reglamento europeo de protección de datos personales. El documento de la Comisión sugiere anonimizar o encriptar los datos personales y que el consumidor pueda tener acceso a dicha información. “Pero no detalla: si el consumidor accede a la información de su crédito, ¿puede ‘trackearlo’ y saber que está siendo ofertado en mercado?, ¿puede oponerse?, ¿puede ejercer el derecho de tanteo y retracto?”, apunta Navas.

Para el experto esta es la cuestión fundamental. “Se pretende crear una plataforma eficiente para que los fondos buitre incrementen su negocio de espaldas a los consumidores”, sentencia el socio-director de navascusi.com