Carpeta de justicia

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  • La participación de la Abogacía en el órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones servirá para velar por los intereses de los ciudadanos
  • El Real Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros respalda las propuestas de la Abogacía para que los Colegios de Abogados colaboren en una solución extrajudicial para la problemática de las cláusulas suelo

El Consejo General de la Abogacía Española considera muy positivo que se establezcan medidas extrajudiciales para resolver los conflictos sobre las cláusulas suelo, procedimiento que permite agilizar los trámites y reducir los costes para el ciudadano.

La Abogacía expresa su satisfacción porque hayan sido abogadas y abogados quienes hayan promovido –y continuarán promoviendo- ante las diferentes instancias judiciales las acciones en defensa de los derechos de los consumidores de productos financieros. Además, la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de este Real Decreto-Ley supone un respaldo a la propuesta realizada por la Abogacía al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para aprobar una disposición normativa que establezca un procedimiento extrajudicial para canalizar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según carta que remitió el pasado 23 de diciembre la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, al ministro Catalá.

La Abogacía, que participará en el futuro órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones por la aplicación de esta norma, prestará una atención especial al desarrollo del sistema de resolución extrajudicial diseñado por el Gobierno, velando por los intereses de todos los ciudadanos y aportando soluciones a la problemática social de las ejecuciones hipotecaria.

Desde la Abogacía, se recomienda a los afectados por las cláusulas suelo que acudan al asesoramiento del abogado de su confianza para garantizar la mejor defensa de sus legítimos derechos. Los Colegios de Abogados ponen a disposición de los ciudadanos sus Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) entre cuyas funciones están las de informar sobre la viabilidad de las reclamaciones y el beneficio del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 




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