En 2015, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) procedió a sancionar a los principales productores y comercializadores de automóviles del mercado español, tras la constatación de que habían procedido de forma deliberada, conjunta y coordinada, al establecimiento de un precio mínimo de venta a los vehículos comercializados entre febrero de 2006 y agosto de 2013.  

Según cálculos realizados por MARTÍN MOLINA, despacho especializado en la emisión de informes periciales jurídico-económicos, cerca de nueve millones de consumidores habrían soportado hasta un 15% de sobrecoste en el precio de adquisición de sus vehículos, merced a prácticas ilícitas llevadas a cabo por productores como BMW, Citroën, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota y VW Audi entre otros.

El intercambio de información comercial, la coordinación de políticas comerciales, empresariales y de marketing, en palabras de los expertos consultados del despacho de MARTÍN MOLINA, constituyen prácticas gravemente sancionadas por la Ley de Defensa de la Competencia, y en el caso que nos ocupa, tuvo como resultado un grave falseamiento de la libre competencia.

El Tribunal Supremo, en 13 sentencias dictadas entre el 20 de abril y el 1 de diciembre de 2021, no solo confirmó las sanciones impuestas al denominado “cártel de las marcas”, sino que vino a abrir la vía judicial a que el gran número de afectados viesen resarcidos el daño causado en la adquisición de sus vehículos, en forma de sobrecoste.    Sin embargo, para ejercer la acción resarcitoria, se hace indispensable adjuntar a la demanda un informe pericial, que proceda a la cuantificación del daño causado en la adquisición de su vehículo, con origen en las prácticas abusivas del cártel sancionado. Por eso, desde Martín Molina, colaboramos como auditores con aquellos despachos que están preparando estas reclamaciones.

El informe pericial elaborado por el despacho MARTIN MOLINA, constituye un elemento indispensable en la formulación de una demanda, al dictaminar de forma directa sobre el exceso de precio asumido por los consumidores en la adquisición de sus vehículos. El modelo pericial ha sido desarrollado por sus especialistas, profesionales de reconocido prestigio en el cálculo de indemnizaciones, y ajustado metodológicamente a los requerimientos legales y jurisprudenciales de la materia. Nos encontramos en definitiva ante un modelo analítico de cálculo solvente y de garantías que ayuda a profesionales y particular en sus reclamaciones.