• Aunque la normativa prevé proteger a los colectivos más vulnerables, la escasez de oferta hace que el precio del alquiler aumente y, por tanto, las personas con menos recursos son los más afectados.
• "Muchos propietarios están sacando sus inmuebles del mercado de alquiler debido al miedo de no poder recuperarlos en caso de impago y a los extensos procedimientos legales que esto implica", alerta Abel Marín, abogado y socio del bufete Marín & Mateo Abogados.

A finales del año 2022, había en España 78.800 viviendas ocupadas, según datos del Colegio de Economistas de Catalunya y del Institut Cerdà. Y solo en 2023 hubo más de 15.000 denuncias más por ocupación ilegal, manteniéndose la magnitud de un problema que tuvo un crecimiento sostenido durante los años anteriores. Y ahora, crece el temor entre los propietarios por la normativa que protege a los inquilinos vulnerables.
 
Estas leyes están generando un clima de inseguridad jurídica en España que desanima a muchos propietarios a alquilar sus viviendas. Es por eso que Abel Marín, abogado y socio del bufete Marín & Mateo Abogados, advierte que las normas están teniendo “efectos contraproducentes”, ya que "la disminución de la oferta de viviendas en alquiler hace que los precios suban".
 
En este sentido, subraya que "muchos propietarios están sacando sus inmuebles del mercado de alquiler debido al miedo de no poder recuperarlos en caso de impago y a los extensos procedimientos legales que esto implica". Y aunque la normativa prevé proteger a los colectivos vulnerables, Marín considera que la consecuencia es toda la contraria: “El aumento en los precios del alquiler impacta especialmente a las personas más desfavorecidas”.
 
Uno de los problemas que detecta es que muchos de los inquilinos pueden declararse vulnerables y, por tanto, estar protegidos ante los desahucios. “Solo hace falta que la cifra del alquiler más los suministros supere el 35% de los ingresos de los inquilinos para declararse vulnerables”, advierte Marín.
 
Incertidumbre por las compensaciones
 
Aunque los arrendadores pueden solicitar compensaciones económicas por la suspensión de desahucios, la realidad difiere de la teoría. “Hay mucha incertidumbre entre las comunidades autónomas, que asumen esta responsabilidad”, indica Marín, además de añadir que “no hay un presupuesto asignado para estas compensaciones”.
 
Marín sostiene que “las leyes actuales se inclinan a favor del derecho a una vivienda digna”, aunque en la Constitución también se garantice el derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, se plantea una situación compleja sobre cuál debe prevalecer, con una consecuencia final: se dinamita aún más la crisis de la vivienda.