Madrid, 16 nov (EFE).- El CGPJ ha admitido a trámite la petición de amparo del juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, por las declaraciones de responsables políticos, entre ellas del número dos de Justicia, insinuando que prevaricó al dirigir la investigación de la causa al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en plena negociación de la investidura.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entiende que de las afirmaciones que realizaron sobre esta cuestión el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y Patricia Plaja Pérez, portavoz de la Generalitat de Cataluña, "cabe inferir la intención de influir en el procedimiento judicial, así como la de inquietarle o perturbarle en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales".

Por ello, ha acordado, por cinco votos a favor y dos en contra, admitir a trámite la petición de amparo que presentó este lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, y da un plazo de diez días al secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalitat para que efectúen las alegaciones pertinentes. El asunto se someterá entonces de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

En la primera sesión del debate de investidura, celebrada este miércoles, dos días después de que el juez solicitara el amparo, el portavoz de ERC Gabriel Rufián se sumó a las críticas a García Castellón por investigar también por terrorismo en Tsunami a la dirigente de su partido Marta Rovira.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart han votado a favor de tramitar la solicitud del magistrado, mientras que las vocales progresistas Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda se han opuesto.

La vocal Mar Cabrejas ha justificado su voto en contra en un escrito en el que explica que en su opinión en el presente caso no concurren los requisitos previstos: "que las actuaciones de terceros referidas por el magistrado no solo lesionen el valor de la independencia judicial, sino que además influyan en el proceso de toma de decisiones".

Considera que, para conceder el amparo, el juez debe tener temor a que las criticas se sigan produciendo y afecten a su proceso de decisión en el futuro. En este caso entiende que ya ha tomado una decisión, dirigir la investigación a Puigdemont, por lo que no cabría el amparo.

Por eso, según indican a EFE fuentes jurídicas, su propuesta era aprobar una declaración institucional condenando dichas críticas hacia un juez por "inadmisibles".

La Comisión Permanente recuerda en su acuerdo que la concesión del amparo, previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "tiene como fundamento la concurrencia de circunstancias y presupuestos que, analizados desde un punto de vista objetivo, alcancen virtualidad suficiente como para lograr la perturbación de la independencia judicial".

En el presente caso, añade, “del relato de hechos reflejado en la solicitud de amparo efectuada, puede considerarse "ab initio" que existe fundamento suficiente para admitir a trámite la petición”.

En su petición de amparo, García Castellón señalaba haber sentido "perturbación" en su independencia con esas declaraciones del número 2 de Justicia, que, a su juicio, "podrían suponer la imputación manifiesta de la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de influir".

En su escrito al CGPJ, el juez incluía un extracto de una entrevista del secretario de Estado de Justicia en Radio Popular-Herri Irratia, donde señaló: "Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...".

Por su parte, la portavoz de la Generalitat de Cataluña, criticó que a quienes les toca impartir justicia, "algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando".

El magistrado cree que estas afirmaciones podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, "susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial", por lo que remitió también una copia de su escrito a la Fiscalía para que lo investigue.