• La normativa brinda a los prestatarios un marco sólido de protección, enfocándose en la transparencia y ofreciendo mejores soluciones para enfrentar sus deudas.
• En España existen más de 85 empresas de administración de créditos asociadas a la principal patronal del sector, que aglutina más del 80% de la gestión de todos los cobros de deudas

España va en camino a “sanear” el mercado de compraventa y contratos de créditos dudosos. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Anteproyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, con el objetivo de regular la actividad de los “servicers”. En caso de aprobarse, la normativa modificará la Ley de contratos de crédito al consumo (Ley 16/2011) y la Ley de contratos de crédito inmobiliario (Ley 5/2019) a fin de transponerse a la directiva europea.

Abencys, despacho de abogados especializado en reestructuraciones, ha analizado el nuevo marco legal y explica que el mismo está diseñado para favorecer la estabilidad financiera de las entidades y, ofrecer a su vez, una mayor protección a los prestatarios y consumidores financieros.

“La nueva normativa propone reglas comunes que aportan transparencia para todos los actores del mercado. A los deudores y consumidores financieros les otorga un marco sólido de protección, garantizando el respeto de sus derechos y ofreciéndoles mejores soluciones para afrontar sus deudas. Para las entidades financieras, mejora el proceso de venta de sus carteras de crédito para sanear sus balances y mejorar su solvencia, ya que se establecen criterios unificados”, explica Alejandro Ingram, socio del despacho Abencys.

En concreto, la actividad de administración de créditos dudosos -que incluye el cobro y la renegociación de créditos hipotecarios o créditos al consumo- se convertirá en una actividad reservada y requerirá de la autorización previa del Banco de España.

Para obtener esta autorización, las entidades deben disponer de un sistema interno apropiado para la gestión de reclamaciones y una política que asegure la protección y trato justo de los prestatarios. Asimismo, los órganos de los “servicers” no podrán estar compuestos por personas que tengan antecedentes penales relacionados con delitos económicos.

A los prestamistas también se les exigirá que cuenten con una política transparente de renegociación de deudas. “Antes de que el servicer inicie acciones judiciales o exija el pago total de la deuda, deberá facilitar al prestatario medidas para alcanzar acuerdos de renegociación y reestructuración”, señala Javier Díaz-Gálvez, abogado y socio fundador de Abencys.

En relación con este punto, el Anteproyecto de Ley pone un foco especial en los prestatarios en situación de vulnerabilidad económica, en cuyos casos, la entidad prestamista deberá ofrecer la posibilidad de reembolsar el crédito aplicando una quita o condonación parcial.

Además, también se establecen una serie de sanciones a los administradores de créditos que no cumplan con las buenas prácticas bancarias, incluyendo: que no brinden información transparente a los prestatarios sobre el estado de sus deudas, no abran canales adecuados para resolver quejas o dudas, realicen prácticas de acoso para reclamar pagos, o externalicen servicios, sin previa comunicación al Banco de España.

El rol de los “servicers” en la estabilidad financiera

En la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley se señala que en España existen más de 85 empresas de administración de créditos asociadas a la principal patronal del sector, que aglutina más del 80% de la gestión de todos los cobros de deudas. Estas, gestionaron un volumen de 426.407 millones de euros en 2022, siendo las entidades financieras sus principales clientes.  

“La venta de créditos dudosos junto con activos adjudicados ha sido una herramienta esencial para el proceso de saneamiento de los balances de las entidades de crédito españolas tras la crisis financiera”, como indica el texto normativo. Por ello, los servicers facilitan el proceso al gestionar y vender estos activos a fondos dispuestos a asumir los riesgos asociados, permitiendo así la intermediación en el mercado de crédito de una manera más eficaz.

Importancia del asesoramiento

“La complejidad de las nuevas regulaciones y la necesidad de un enfoque integral que combine disciplinas jurídicas y económicas hacen indispensable recurrir a una firma referente en el sector, capaz de ofrecer soluciones eficientes y estratégicas para los prestatarios, las entidades financieras y los administradores de créditos”, afirma, Alejandro Ingram, señalando así la importancia de estar bien asesorado tras este nuevo marco regulatorio.