Madrid, 27 nov (EFE).- La Fiscalía ha archivado la denuncia del juez del caso Tsunami por las criticas del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y de la portavoz de la Generalitat catalana, Patricia Plaja, que insinuaron que el magistrado prevaricó al dirigir la investigación de esta causa al expresident Carles Puigdemont en plena negociación de la investidura.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha adoptado esta decisión al considerar que pese a lo "provocativas" que fueron esas manifestaciones no suponen un delito de calumnias, como denunciaba el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al estar amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

"Sin ser expresiones ambiguas en su carga de reproche y censura a los magistrados en general o, en concreto, al sr. García Castellón (...) no dejan de ser opiniones susceptibles de alguna otra interpretación, y dentro del derecho a la libertad de expresión", según indica la fiscal Ana Galdeano en el escrito en el que acuerda archivar estas diligencias de investigación, y al que ha tenido acceso EFE.

En opinión del Ministerio Público, en ambas intervenciones y las que también realizó el magistrado Ignacio González Vega, exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, "se hace referencia a la judicialización de la política en el contexto de la actuación del magistrado denunciante en el caso del Tsunami Democràtic, debate que se encuentra en la mesa de muchas tertulias y artículos del mundo de la información".

"Lo manifestado no obsta para ignorar la carga de descalificación que encierra; sin embargo el Alto Tribunal reconoce el derecho a la crítica, aunque no estaría de más hacer uso de la prudencia a la hora de emitir libremente opiniones", advierte la fiscal investigadora.

No obstante, recuerda que el Supremo, en un auto de 2022, ya estableció que la vía penal no debe ser el camino "para hacer frente a ataques tan ofensivos y descalificadores como el que nos ocupa, y circunscribirla en el ámbito de la crítica, la opinión y la libertad de expresión".

Pese al archivo de estas diligencias por parte de la Fiscalía, el magistrado puede denunciar estos hechos ante la "autoridad judicial".

Al mismo tiempo que presentó esta denuncia ante el Minsiterio Público, García Castellón pidió amparo al CGPJ por estas mismas manifestaciones, petición que el órgano de los jueces ha admitido a trámite y ha dado un plazo de diez días al secretario de Estado de Justicia y a la portavoz de la Generalitat Patricia Plaja para que efectúen las alegaciones pertinentes.

En una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia, el número dos de Justicia señaló: "Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día", dijo sobre la decisión que adoptó el juez acerca de Tsunami, a la vez que añadió que "si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...".

La portavoz de la Generalitat criticó por su parte que a quienes les toca impartir justicia, "algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando".