Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN), han suscrito esta mañana un convenio marco para incrementar la colaboración de ambos organismos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En virtud del mismo, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado atenderá por vía telemática y de forma inmediata las solicitudes de información de los fiscales o del personal de las Fiscalías autorizados. Esta información procederá del Índice Único Informatizado Notarial, una gran base de datos que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas diariamente por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país.
Para la solicitud y recepción de la información se utilizará una plataforma web a la que podrán acceder los fiscales mediante el uso de una firma electrónica corporativa desarrollada por la Agencia Notarial de Certificación, dota de las máximas medidas de seguridad.
El Consejo General del Notariado creó en diciembre de 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) encargado del reforzar, intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El ministerio fiscal tiene entre sus competencias la persecución de delitos en materia de delincuencia económica, pudiendo recibir denuncias y ordenar diligencias de investigación; desde 2016, un fiscal de Sala del Tribunal Supremo dirige y coordina a nivel estatal la actuación de todas las fiscalías en la materia.
La Fiscalía y el Consejo General del Notariado vienen colaborando desde 2009, cuando se firmó un acuerdo con la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, y otro posterior con la Fiscalía Especial antidroga.
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