A Mª Jesús González-Espejo la conocemos por su labor como experta en estrategia de despachos y marketing jurídico en Emprendelaw,  también como cofundadora del Innovación Legal y por ser una de las promotoras del JustiApps, Legal Hackaton y otros tantos eventos unidoa a la innovación tecnológica. Una vida profesional unida al derecho y a la innovación jurídica, siempre presente en eventos y acciones orientados a dinamizar el mercado legal. Vamos a adentrarnos con Mª Jesús en el mundo de los datos abiertos, del big data y de las necesidades y oportunidades que tiene el sector legal al respecto.

En octubre de 2015 organizaron JustiApps, el primer Hackathon dirigido al desarrollo de aplicaciones móviles para mejorar la Justicia y se encontraron con la dificultad del acceso a los datos, algo curioso en un país donde se emiten más de un millón de sentencias anualmente, y donde además del Estado, hay 17 legislativos, más de 8.000 ayuntamientos y cientos de organismos que emiten resoluciones, dictámenes, etc.. ¿Podríamos decir que el mundo legal, y la Justicia en particular están reñidas con los datos abiertos?

En efecto, así es. Nuestro sector no ha sido tradicionalmente muy amante de la apertura y de la transparencia. Apoyándose en la naturaleza sensible de muchos de los datos que son tratados por las instituciones del sector legal, el dato se ha mantenido por lo general cerrado.

Cuando lanzamos JustiApps, la dificultad de acceder a datasets, es decir, conjuntos de datos abiertos fue uno de los principales problemas que encontramos a la hora de crear un ecosistema idóneo para que los equipos que participaron en nuestro Hackathon, pudieran desarrollar herramientas interesantes. Y es que no existe un repositorio de datasets útiles para quienes desean desarrollar tecnología para el sector legal.  En aquél momento tuvimos que pedir ayuda a uno de nuestros patrocinadores, la consultora Everis, para que nos apoyara en la creación de una plataforma agrupando los conjuntos de datos existentes y lo que nos encontramos fue un panorama desolador. Sonia Taborcia y Carlos Tabernero, de Everis, se pusieron manos a la obra y desarrollaron para el Hackathon esta herramienta con todos los datasets que pudieron localizar y que en todo caso, te cuento que no fueron muchos. Por no haber, en aquel momento, no había ni siquiera un directorio accesible con las direcciones de los juzgados de España.

En EEUU los operadores jurídicos tienen acceso a infinidad de datos. Sabemos que los niveles de protección de datos son diferentes a los europeos, pero con nuestras restricciones, ¿qué datos deberían formar parte del acervo de datos abiertos?

La diferencia entre España y EE.UU. en el tema de los datos abiertos es simplemente que allí la sociedad civil está más activa y ha entendido la importancia de su rol para reclamar a los poderes públicos y a las instituciones en general que prestan servicios públicos, la generación de datasets. Los datos son uno de los ingredientes básicos de cualquier aplicación y en EE.UU. hay más iniciativas dirigidas a desarrollar LegalTech. El movimiento Legal Hackers, cuyo capítulo madrileño impulso junto a otras tres personas, nació justamente como consecuencia de una iniciativa legislativa que pretendía restringir el acceso a datos.

Respecto a los datos que deberían estar disponibles, decirte que en nuestro sector nos hemos acostumbrado a que los organismos que disponen de ellos nos faciliten estadísticas, que obviamente son muy útiles, pero lo que ahora deberíamos pedir los juristas es que, además, se nos faciliten los datos respecto a los que se extraen éstas. Nuestro slogan debería ser algo así como: Las estadísticas están bien, pero los datos en los que éstas se basan, aún mejor. 

¿Qué diferencia hay entre big data y datos abiertos?

Son dos conceptos totalmente diferentes, si bien ambos tienen en común el dato.

Cuando hablamos de open data nos referimos a los conjuntos de datos que responden a tres condiciones:  1) Disponibilidad y acceso, es decir que la información esté disponible como un todo y a un precio razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de Internet. Además, debe estarlo en una forma conveniente y modificable; 2) Que sea posible reutilizarla y redistribuirla e incluso integrarla con otros datos y 3) Que cualquiera, sin restricciones por propósito o tipología de actividad, pueda utilizar, reutilizar y redistribuir esa información.

Cuando hablamos de big data, nos referimos a los procesos que es posible llevar a cabo hoy, gracias al enorme desarrollo de la tecnología, para extraer de los datos internos de las organizaciones, y externos a ellas, información de utilidad.  El big data utiliza datos abiertos, pero también otro tipo de datos, es decir, todos los disponibles para obtener los resultados que precisa. 

Los datos legales tradicionalmente han sido la fuente de negocio del sector editorial jurídico, la restricción que ha establecido el CENDOJ con los precios estipulados en la jurisprudencia y el coste de producción documental son una barrera de entrada a nuevos competidores, el open data en el sector ¿podría romper esta dinámica? ¿sería un revulsivo para la entrada de nuevos operadores?

En algún momento de nuestra historia se adoptó la decisión de que las resoluciones judiciales serían adquiribles previo abono de una tasa, como lo es también el acceso a los datos del Registro de la Propiedad, por ejemplo.  Es obvio que ello supone una barrera de entrada para la mayoría de las empresas, pues adquirir el conjunto de todas las resoluciones tratadas por el CENDOJ, conlleva una importante inversión que por ejemplo una startup, casi seguro no podrá realizar. Por ello, en mi opinión, sostener esta política supone en cierta forma, poner palos a la rueda de la innovación y al emprendimiento de base tecnológica legal. 

Está claro que la digitalización de las resoluciones judiciales tiene un coste, nadie lo niega. La pregunta que deberíamos hacernos es si no sería mejor para el ciudadano que ese coste fuera cubierto a través de mecanismos diferentes a las tasas y facilitar el libre acceso a estos datos.

Por otro lado, la tecnología ha facilitado en los últimos años enormemente el tratamiento de todos esos datos, abaratándolo, y quizás ha llegado la hora de revisar los que se cobra por permitirnos acceder a los datos. En mi opinión sí puede estar legitimado el cobro cuando se pide al organismo emisor de una información que la certifique, pero no me parece que lo esté tanto, cuando simplemente se pide el acceso a informaciones que ya están automatizadas y dar ese acceso, no es hoy un proceso tecnológico costoso ni complejo. 

Entonces, ¿podríamos entender que el open data ayudaría al crecimiento económico, fomentaría la innovación y, por lo tanto, el sector jurídico saldría beneficiado?

Sí, así es, cuantos más datos abiertos haya, más probabilidades habrá de que se generen empresas innovadoras, infomediarios cuyo objeto social sea el desarrollo informático de aplicativos dirigidos a mejorar los servicios de los distintos colectivos jurídicos, la transparencia y la información al ciudadano, etc. Si hay más datos, hay más oportunidades de crear herramientas basadas en ellos y esas herramientas pueden hacer al sector más eficiente e impulsar mejores en la Justicia y el sistema legal.

Con todo esto que nos está contando ¿a quién hay que abrir los ojos en este país para que open data sea una realidad?

No sé si la expresión adecuada es abrir los ojos o más bien abrir los datos. Creo que casi todas las organizaciones son conscientes de que las cosas están cambiando y que el sector tiene que transformarse a pasos agigantados. El reto de la innovación nos afecta a todos y debe sumarse a él toda organización y por supuesto, todo individuo que no quiera quedarse fuera de la “liga”.

Dentro de poco comenzará vuestro programa JustiApps, ¿cómo será esta segunda edición?

En efecto, en un par de meses dará comienzo la segunda edición de JustiApps. Actualmente estamos reuniéndonos con las empresas e instituciones que lo patrocinarán. Entre otros, estamos hablando con despachos de abogados con vocación de innovar y centrados en el área de las TIC, e instituciones, colegios de abogados, procuradores, el notariado, etc., que han entendido que sus colegiados necesitan desarrollar sus competencias digitales y nuevas herramientas TIC, para cerrar todos los detalles de esta nueva edición.

En esta segunda edición queremos organizar miniconcursos de ideas, adaptados a las necesidades de las entidades patrocinadoras. De esta forma, creemos que se propondrán ideas muy ajustadas a la mejora del servicio que ofrece actualmente un colectivo.

Además, queremos que tras el Hackathon, que se celebrará el último trimestre de este año, los equipos puedan encontrar apoyo para transformar sus prototipos en verdaderas empresas y para ello, colaboraremos con entidades expertas en la financiación de start-ups, con mentores y con expertos en el apoyo a los emprendedores.

También queremos organizar varios encuentros, a los que hemos bautizado como debates Innotech, dirigidos a analizar el impacto de la tecnología en las diferentes profesiones jurídicas. Tenemos la previsto uno sobre Experiencia de Cliente y otro sobre contratos inteligentes (smartcontracts).

Finalmente, vamos a trabajar para que los profesionales del sector entiendan la importancia de convertirse en “activistas del open data”. Estamos creando un grupo de trabajo, al que hemos llamado Legal Open Data, del que formarán parte los mayores expertos en este tema (CIO de los despachos e instituciones; responsables de estadística; abogados y otros profesionales expertos en Open Data), cuya función será analizar los retos actuales del Open Data en el Sector Legal y la celebración de un evento para debatir el estado de la cuestión del Open Data y su importancia para el desarrollo de más y mejor tecnología para el sector legal.

¿Qué perspectivas ves en el sector?

Como ves, tenemos muchísimo trabajo por delante. El sector tiene que despertar y asumir el rol que le corresponde en la revolución tecnológica que estamos viviendo. Esta revolución se apoya en valores que a los juristas nos chirrían en alguna medida: colaboración, código y datos abiertos, velocidad y espontaneidad, versus individualismo, ego, secreto, precisión y reflexión. Sin embargo, el tren no se va a parar porque a nosotros no nos convenza su ruta, el rail está donde está y, o nos subimos o nos dejarán atrás. Por eso nosotros desde el Instituto de Innovación Legal animamos a todos los juristas, abogados, procuradores, notarios, registradores, jueces y magistrados, letrados de la administración de Justicia, etc. a que se sumen al reto de la #InnovacionLegal y a que impulsen que haya más datos abiertos para el sector.