Bruselas, 10 nov (EFE).- El proyecto de ley que la Secretaria de Estado de Asilo y Migración de Bélgica, Nicole de Moor, presentó esta semana para una política de retorno más eficaz incluye la posibilidad de confiscar el pasaporte a los inmigrantes en situación irregular y hacer un seguimiento individualizado de cada uno de ellos para evitar que escapen al control de las autoridades.

La situación de las personas en situación irregular en Bélgica lleva años siendo un problema por la falta de plazas de acogida de solicitantes de asilo y la baja tasa de devoluciones de quienes no tienen derecho a permanecer en el país (solo regresa 1 de cada 5 personas que reciben una orden de retorno).

El ataque terrorista del pasado 16 de octubre en Bruselas, cometido por un tunecino en situación irregular que mató a dos ciudadanos suecos, puso de manifiesto las lagunas en la gestión de la migración en el país.

"El reciente atentado de los hinchas suecos demostró que los métodos del pasado no funcionan y que es necesario un acompañamiento (para el retorno)", dijo De Moor al presentar su proyecto el pasado miércoles.

El ataque del 16 de octubre motivó la dimisión días después del entonces ministro de Justicia, el liberal Vincent Van Quickenborne, debido a la "monumental" falta cometida por un magistrado belga que no dio trámite a la demanda de extradición cursada en 2022 por Túnez contra Abdesalem Lassoued por una condena en su contra de 26 años de prisión por tentativa de asesinato.

Como medida para evitar este tipo de problemas, a finales del pasado octubre, Bélgica anunció que creará una base de datos de todos los migrantes sin derecho a asilo a los que se les ha ordenado abandonar el país.

Ahora, con el proyecto de ley anunciado, se quiere sobre todo poder controlar mejor a las personas que reciben la orden de abandonar el territorio belga.

En 2022 sólo uno de cada cinco migrantes que se encontraban en esa situación en Bélgica (5.497 personas de 25.292 que recibieron una orden) salieron efectivamente del país. De entre ellos, 3.600 se fueron de forma voluntaria y 2.900 de manera forzada.

Aunque en 2023 las cifras son superiores y se sitúan en 8.500 las personas devueltas de manera voluntaria o forzada, la secretaria de Estado considera que "no es suficiente".

Prioridad a los retornos voluntarios

Nicole de Moor propone "un retorno voluntario si es posible, forzado si es necesario".

Antes de forzar las devoluciones, las autoridades deberán intentar convencer a las personas que residen ilegalmente para que regresen a sus países de origen voluntariamente.

"Es mejor para ellos, es mejor para nosotros también, cuesta menos y es más humano. Podemos trabajar en su reintegración a su país de origen, pero si no cooperan, también tenemos que seguir de manera forzada. La estancia ilegal en nuestro país siempre es un problema", dijo De Moor.

La futura normativa prevé cambiar el sistema vigente, que consiste en el envío de una orden de abandonar el territorio y 30 días para hacerlo.

En el futuro, las autoridades tendrán la capacidad de tomar medidas reforzadas en materia de retornos y obligarán a cooperar a las personas que reciban una orden de retorno.

Seguimiento individualizado

Bélgica prevé la creación de "oficinas de retorno" en las 43 administraciones comunales existentes en el país, que facilitarán un seguimiento individual de cada expediente.

Además, se prevé en ciertos casos la incautación de pasaportes o el confinamiento en un centro cerrado.

"Eso significa, por ejemplo, retener sus papeles, confiscarles el pasaporte, pero también darles una dirección obligatoria para residir. El confinamiento en un centro cerrado, cuando sea necesario, también se aplicará para organizar el retorno forzoso", explicó De Moor.

Aumento de plazas para solicitantes de asilo

Las plazas para solicitantes de asilo en el país pasarán 10.000 a 38.000, según prevé el proyecto.

Sin embargo, De Moor cree que esto no será suficiente para gestionar la crisis.

"La creación de una acogida no resolverá esta crisis. Debemos lograr una reforma de nuestra política de retorno con fronteras más fuertes fuera de la Unión Europea y una distribución equilibrada de los solicitantes de asilo en Europa", señaló.

Por último, se aboga por misiones conjuntas en la que participen distintos Estados miembros a los países de origen para  alentarles a una mejor readmisión de sus nacionales.