La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años de prisión a un exdirectivo de Caja Rural de Navarra que “incorporó a su patrimonio” 5.844.873,80 euros “pertenecientes a la entidad bancaria”.
Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre el fiscal, la acusación particular y la defensa, la responsabilidad civil por los hechos cometidos ha sido cifrada finalmente en 2.400.000 euros, de los que el inculpado ya abonó a la entidad bancaria 900.000 en 2017 y, con anterioridad al juicio, entregó 600.000 más. Los restantes 900.000 se ha comprometido a reintegrarlos en los próximos cinco años, a razón de 180.000 al año.
Por el delito de apropiación indebida la pena acordada asciende a 2 años de prisión y una multa de 6 meses con una cuota diaria de 6 euros (1.080 €), y por el delito de falsedad en documento mercantil la condena es de un año de prisión y multa de 4 meses y 15 días a razón de una cuota diaria de 6 € (810 euros).
Al encausado, J. L. J. H., de 47 años, se le han aplicado las atenuantes de confesión y reparación del daño. El tribunal ha acordado la suspensión de las penas, es decir, no ingresará en prisión a condición de que no delinca en dos años y cumpla con lo estipulado con la entidad bancaria.
El juicio, señalado para el pasado 15 de julio, no llegó a celebrarse debido al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa.
Según se considera probado en la sentencia, fue responsable del Departamento de Administración de Riesgos de Caja Rural de Navarra al menos desde el año 2005 hasta el mes junio de 2017, en el que fue despedido de su trabajo por la comisión de los hechos imputados.
Debido precisamente a su responsabilidad en la contabilización de los préstamos sindicados tenía acceso, pleno manejo y control de la cuenta administrativa de la entidad, que es única y en la que se gestionan todas las operaciones de los préstamos sindicados cedidos por el Banco Cooperativo Español, y de la cuenta de intervención, que es instrumental y tiene una función principal de control de las cantidades dinerarias que se abonan para la amortización de los préstamos sindicados y que inmediatamente deben ser traspasadas a la cuenta de administrativa.
Aprovechando las funciones y responsabilidades descritas que le daban un alto nivel de autonomía e independencia y que demostraban la alta confianza que la entidad bancaria tenía en él, motivo por el que fue adscrito a un servicio tan sensible como es el control de riesgos, “el acusado durante los citados años 2005 a 2017 dispuso de dinero de Caja Rural de Navarra para sus propios fines, intereses y beneficios, habiendo realizado al menos 706 operaciones de traspaso de dinero”, según consta en la resolución judicial.
Estos traspasos de dinero los hacía bien a través de transferencias externas realizadas a cuentas de terceros en otras entidades financieras cuyo importe ascendió a 5.176.858,99 euros, bien traspasando cantidades de dinero a otras cuentas de la propia Caja Rural, cuyo importe ascendió a 411.664,81 euros, y en una ocasión mediante la emisión de un cheque bancario por importe de 256.350 euros que fue cargado directamente en la cuenta administrativa de Caja Rural de Navarra.
“De esta manera el acusado incorporó a su patrimonio la cantidad total de 5.844.873,80 euros pertenecientes a la entidad bancaria”, según la sentencia.
Joyas, electrodomésticos, casas y coches de alta gama
El acusado, para evitar que los órganos de control de la entidad bancaria descubrieran las extracciones de dinero que estaba llevando a cabo, procedió a manipular los saldos de los préstamos sindicados de tal manera que no presentasen su saldo real y dio de alta préstamos ficticios.
Asimismo, según consta en la resolución judicial, el procesado “comenzó a incorporar a su patrimonio el dinero de Caja Rural en el mes de enero de 2005 transfiriendo dinero a sus cuentas personales, adquiriendo joyas y electrodomésticos y posteriormente fue aumentando dichas disposiciones para la adquisición de casas, coches de alta gama. Y durante los años 2009 y siguientes dedicó gran cantidad de dinero del que dispuso indebidamente en la fundación, mantenimiento y promoción de la mercantil Entrena Pádel Club”.
De igual forma, prosigue la sentencia, dispuso desde el año 2007 de importantes cantidades de dinero de Caja Rural para adquirir vehículos, en algunos casos, incluso para sus familiares, “que no tenían conocimiento de la actividad delictiva” del inculpado.
Según la sentencia, gran parte de las cantidades que el acusado detrajo de las cuentas de Caja Rural de Navarra las dedico a la financiación y mantenimiento de la Compañía Mercantil Entrena Pádel Club. Así, hizo numerosas transferencias de fondos de dinero “para hacer obras de reforma, adquirir pistas, equipamiento, mantenimiento, atraer jugadores de pádel de prestigio y otras actividades”.
Los otros dos administradores de esta sociedad, a pesar de ser uno de ellos economista y el otro empleado de Caja Rural, según la sentencia, “no observaron el mínimo celo en la vigilancia de la financiación de la sociedad, pero lo cierto es no intervinieron en la gestión y no tenían conocimiento del origen del dinero con el que el acusado estaba manteniendo la misma ya que el primero se ocupaba de las bajas, vacaciones y turnos de los trabajadores y el segundo de captar clientes para el Club”.
En el mes de mayo de 2017, Caja Rural de Navarra descubrió las irregularidades cometidas y, mientras estaba realizando a través de su Servicio de Auditoría una investigación para conocer el alcance de las mismas, el procesado presentó ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Pamplona un escrito en el que reconocía “parte de los hechos que son objeto de acusación; en concreto que había dispuesto sin autorización de fondos de Caja Rural de Navarra por importe de más de cinco millones de euros, si bien esta cuantía la ha cuestionado durante le instrucción de la causa”.
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