Este servicio será canalizado a través de los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados de la Comunitat Valenciana, con cuyos representantes se ha reunido este jueves la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, para cerrar el acuerdo que permitirá la creación de esta nueva prestación, incluida en el catálogo de justicia gratuita que ofrece la Generalitat.
Según los términos del acuerdo al que se ha llegado entre la titular de Justicia del Gobierno valenciano y la cúpula de las organizaciones colegiales de letrados, cada colegio de abogados de la autonomía prestará el asesoramiento en sus respectivas oficinas de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ).
En los SOJ, los interesados tendrán a su disposición tanto la información necesaria sobre lo que debe hacer si sabe o sospecha que su hipoteca tiene algún tipo de clausula-suelo declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como un formulario-tipo para que, en el caso de que sea así, el afectado pueda cumplimentarlo con la asistencia jurídica apropiada y presentarlo ante la entidad financiera correspondiente para iniciar el proceso legal.
Según ha explicado Gabriela Bravo, el acuerdo alcanzado con los colegios de abogados “es una iniciativa que hace avanzar en una justicia para todos” y, además, “da una respuesta rápida y eficaz para solucionar un problema que afecta a miles de valencianos”.
Para Bravo, tanto la información, que estará disponible en cada colegio, como el formulario-tipo, “están diseñados para encauzar la asistencia legal de quien lo solicite, facilitar las posibles reclamaciones y llegar a soluciones rápidas y siempre que sea posible, por la vía extrajudicial”.
La Generalitat asumirá tanto el coste del servicio de los profesionales de la abogacía, como el coste derivado de la formación específica en esta materia que recibirán los abogados de cada colegio que vayan a prestar el asesoramiento legal a los afectados por esta situación. Se calcula que, entre las tres provincias de la Comunitat, puede haber unas 500.000 personas que en su día firmaron hipotecas que contenían cláusulas suelo que, de media, han pagado alrededor de 6.000 euros de más.
No hay comentarios.