El Santander acaba de ser condenado por el juzgado nº1 de Figueras por incumplimiento de contrato con un grupo de empresas y tendrá que pagar 157.463,01€ por incumplir con sus compromisos de bonificación. “Una sentencia muy importante porque evidencia una mala praxis bancaria que produce un reproche judicial y el consiguiente resarcimiento”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de navascusi.com, despacho que ha dirigido el caso.
El Banco Popular -heredado por el Santander- pacta un contrato de afiliación de comercios con una tasa de descuento del 0,30% de UniversalPay. Sin embargo, UniversalPay decide elevar la tasa de descuento al 0,40% y el banco -debido a la especial relación con un cliente importante, de elevada facturación- decide firmar un contrato por el que las empresas aceptan las nuevas condiciones pero el Popular se compromete a abonar el 0,10% de diferencial.
El contrato se cumple regularmente hasta que en un momento dado el Popular incumple su obligación de bonificar ese 0,10%. La contable del grupo de empresas exige casi a diario el abono de las bonificaciones, según intercambio de emails aportados en el juicio. “Ante la reclamación, el banco da largas”, señala Navas. Finalmente el grupo de empresas afectadas decide presentar una demanda y el Santander responde con una supuesta carta de resolución de contrato, con un preaviso de dos meses como establecía el contrato firmado entre el banco y el grupo de empresas.
Sin embargo, tanto el jefe de zona, como el director de la sucursal y un empleado del banco manifiestan en el juicio que nunca vieron esa carta y que debió de salir de la central. “Lo que aportan en el juicio es una carta modelo a rellenar, sin el nombre de las empresas, ni número de contrato ni nada”, señala el socio-director de navascusi.com. Por supuesto, las empresas demandantes afirmaron que nunca recibieron esa supuesta carta de resolución de contrato.
Con estos elementos, la juez termina resolviendo que el Santander incumplió su obligación contractual de resolver unilateralmente el contrato con una comunicación fehaciente. Por tanto da por no resuelto el contrato y obliga al banco a abonar las bonificaciones retenidas, que ascienden a 157.463,01€ más los intereses legales del dinero y condena en costas.
“Da la sensación de que el Santander decidió eliminar las bonificaciones del Popular sin cumplir los trámites y trata ahora de reconstruir artificialmente una comunicación que nunca se produjo; la estrategia no les ha salido bien y han recibido un rotundo reproche judicial por incumplimiento de contrato”, concluye el socio-director de navascusi.com
{ banner pubicidad }
No hay comentarios.