Desde Navas & Cusí hemos defendido que es el banco el interesado en la garantía hipotecaria y el interesado en que dicha garantía sea elevada a público. Por tanto, hemos defendido que quien debe de pagar el impuesto de actos jurídicos son las entidades financieras. En este sentido, nos felicitamos por el anuncio del gobierno de modificar el art. 29 de la ley que regula el impuesto para que sean los bancos quienes asuman el pago.

Sin embargo, hacerlo al día siguiente de la polémica sentencia del Supremo, con duras críticas al fallo, siendo perfectamente legal, no nos parece que ayude al entendimiento y cooperación institucional ni a la recuperación del prestigio y el respeto a la Justicia.

Además, el presidente Sánchez ha anunciado la creación de una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero. Desde Navas & Cusí aplaudimos el esfuerzo del gobierno por proteger al cliente bancario de las malas prácticas pero nos permitimos sugerir una vía más eficaz: dotar adecuadamente de medios humanos y materiales a los juzgados especiales de asuntos hipotecarios, absolutamente atascados por la avalancha de demandas.