Málaga, 17 oct (EFECOM).- La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) prevé una alta litigiosidad con la tasa de basuras, obligatoria para todos los municipios y que sufragará un gasto próximo a los 3.000 millones de euros anuales en España, y asegura que cientos de municipios han externalizado la inspección.

Con motivo del XXIII Congreso "La Inspección de los Tributos Locales" que se inaugura en Málaga este jueves, el presidente de la ANIHPL, Arturo Delgado, ha asegurado que "la joya de la corona de los litigios" en esta materia es la plusvalía municipal y que la tasa de basura, que se pagará en 2025, "será la nueva estrella" por su conflictividad.

Ha lamentado la "inseguridad jurídica permanente" al considerar que la tributación local es la olvidada y abandonada por la legislación estatal, con problemas desde hace más de 20 años, por lo que en 2024 presentarán un Libro Blanco dirigido al Gobierno con un diagnóstico de la situación de la inspección y gestión de la hacienda púbica local.

Además propondrán medidas concretas ante situaciones como la externalización de la inspección que los ayuntamientos dejan en manos de empresas privadas, sustituyendo la labor pública, cuando "hay líneas rojas que no se deben sobrepasar".

En este sentido, ha señalado que ya hay resoluciones que señalan que es una potestad pública y se exige que esa labor se efectúe por empleados públicos.

Delgado ha afirmado que cientos de municipios y algunas diputaciones efectúan contratos "bajo el paraguas del asesoramiento" cuando "una sustitución completa de la inspección es ilegal" y que "hay numerosos contratos manifiestamente ilegales" y los tribunales han anulado algunos contratos, aunque ha precisado que "no todos los contratos son iguales, algunos hacen apoyo a la gestión".

"Hay una delgada línea", ha añadido, para comentar que cuando las comisiones que cobran son elevadas, del 30 o 20 % de lo recaudado, "los tribunales entienden que no se limita a la asistencia" y que "cuando el funcionario se limita a firmar es una contratación fraudulenta".

El Libro Blanco planteará alternativas que garanticen la seguridad jurídica y cierren "defectos legislativos", según Delgado que ha indicado que la tasa de residuos o basuras se regula "en un párrafo" y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) "en cuatro artículos", lo que ha definido como "desidia legislativa que genera inseguridad".