Los economistas auditores confían en que el Reglamento de Auditoría de Cuentas, que próximamente se publicará en el BOE, enfatice en la implementación de las coauditorías, atendiendo a la valoración positiva sobre la necesidad de potenciar el régimen de auditorías conjuntas expresada en el dictamen del Consejo de Estado correspondiente al expediente del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, publicado en el BOE el pasado 15 de enero.

Con la asistencia de cerca de 1.000 economistas auditores, el Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado en auditoría de cuentas del Consejo General de Economistas– presentó ayer por la tarde de forma virtual el estudio Auditoría de cuentas en España. Valor añadido que supone un manual de reflexión sobre la situación actual de la auditoría de cuentas en nuestro país y de los posibles caminos a seguir para hacer más sostenible este sector. En la presentación participaron Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España; Carlos Puig de Travy, presidente del REA; Enrique Rubio, interventor y auditor del Estado, y ex presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Txema Valdecantos, coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA, y Gustavo Bosquet, miembro del Consejo Directivo del REA, quienes coincidieron en que la publicación de este estudio cobra especial significación para que esta actividad profesional aporte la seguridad y las garantías de transparencia que demanda el mercado en la actual coyuntura económica en la que nos encontramos por los riesgos derivados de la crisis.

En el inicio de la presentación, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, manifestó a este respecto que “es cierto que las diferentes normas que han introducido modificaciones en la actividad de la auditoría han ido mejorando sustancialmente ésta en cuanto al deber de independencia y las causas de incompatibilidades, y el deber de rotación del auditor en relación con determinadas entidades auditadas, entre otros aspectos”. Asimismo, para el presidente de los economistas “la labor del auditor de cuentas está cambiando hacia una revisión más amplia de los estados financieros de la empresa que abarcan el análisis de riesgos o de la eficiencia en el uso de los recursos, pero siguen persistiendo aspectos objeto de mejora que propicien una competencia más amplia en el mercado de las firmas de auditoría y minimicen la pérdida de independencia”, lo que, según Pich, “ahora resulta clave porque, ante la inyección de los fondos de recuperación, la Unión Europea está demandando un tejido empresarial cada vez más transparente”.

Uno de los temas que centraron la presentación –y al que el estudio dedica un apartado especial recogiendo el análisis al respecto de profesionales de referencia de España y de la UE– fue el relativo a las ventajas objetivas de las auditorías conjuntas o coauditorías. Para el Registro de Economistas Auditores esta práctica, ampliamente establecida en Francia con óptimos resultados, favorece la mayor concurrencia en el mercado de firmas de auditoría de todos los tamaños proporcionando una mejor competencia, y permite contar con un único informe, pero doblemente contrastado. Desde el REA apuntan a que un aspecto crucial con relación a la actividad de auditoría es el debate sobre los temas importantes que pueden afectar a la sostenibilidad del sector. Éstos se están tratando de forma intensa en el seno de la UE, analizando los efectos que ha provocado en el sector la implementación de la Directiva de Auditoría de 2014 y si éstos han dado la debida respuesta a los objetivos que se habían marcado. En este sentido, según manifestó el presidente del REA, Carlos Puig de Travy, “aspectos como la efectividad de la auditoría, la independencia y la apertura del mercado son los que están hoy sobre la mesa de debate. Ni en Europa ni en España se han realizado grandes avances en cuanto a la apertura del sector y es necesario replantear medidas concretas para cumplir este objetivo, entre ellas está fomentar la coauditoría entre las empresas auditadas, las instituciones y los reguladores”. “Esperemos que el análisis que se ha efectuado sobre este tema concreto en el documento que hoy presentamos pueda contribuir a fomentar el debate para introducir las mejoras necesarias en favor de la sostenibilidad del sector y el interés general”, concluyó Puig de Travy.

En relación a este aspecto, tal como expone en el informe el ex presidente del ICAC, Enrique Rubio, “resultando evidente el elevado grado de concentración del ramo de la auditoría de Entidades de Interés Público, y que la medida más importante para evitar dicha concentración (la obligación de rotación externa, incorporada en la reforma legal de 2015) ha podido alcanzar el efecto perseguido para proteger la independencia así como el de dinamizar el mercado pero no el de abrir el mercado, es conveniente explorar medidas adicionales que permitan avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, como serían las que llevarían a incentivar de una manera más efectiva y clara la auditoría conjunta, en la línea señalada por el Reglamento europeo”, a lo que añade que “la experiencia acumulada y las posiciones formadas en el ámbito nacional y europeo, junto con la situación actual, ofrecen margen y justificación para ahondar en propuestas que incentiven de manera determinante la realización de auditorías conjuntas”.

Sobre este punto hubo un amplio consenso entre los intervinientes por entender que es un mecanismo que corrige los riesgos sistémicos del sector. Así, para Txema Valdecantos, “además de que la Reforma europea de 2014 fomentaba la auditoría conjunta, ésta ya estaba prevista en nuestra normativa en la Norma Técnica de Auditoría de Relación entre auditores”. Asimismo, según expuso Gustavo Bosquet, “durante el año 2019 los informes provenientes de la Competition Markets Authority (CMA) del Reino Unido y de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) en España han promovido la implantación de la coauditoría”.

Por ello, los economistas auditores confían en que el Reglamento de Auditoría de Cuentas que próximamente será publicado en el BOE enfatice en la implementación de las coauditorías, atendiendo a la valoración positiva sobre la necesidad de potenciar el régimen de auditorías conjuntas expresada en el dictamen del Consejo de Estado correspondiente al expediente del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, publicado en el BOE el pasado 15 de enero, aunque en opinión del REA “no parece que ello vaya a tener el desarrollo deseado en el texto del Reglamento” .

Estudio: Auditoría de cuentas en España. Valor añadido

El estudio presentado consta de dos apartados: El primero dedicado a los inicios y evolución de la auditoría de cuentas en España mediante un recorrido del marco regulatorio, datos relevantes de la última década y unas breves reflexiones que ayuden a definir posibles cambios necesarios para la sostenibilidad del sector. El segundo apartado analiza un posible horizonte que ayude a la generación de valor en la auditoría de cuentas e introduce el tema de la coauditoría como punto de partida para valorar y entender mejor esta práctica. Asimismo, el estudio incorpora una encuesta que recoge la opinión que sobre la coauditoría tiene el colectivo de auditores de cuentas en España con un resultado total de 278 respuestas válidas.

Entre las principales CONCLUSIONES que pueden extraerse del estudio y de la encuesta realizada, se encuentran:

1. El debate sobre la apertura del mercado y la posible contribución de la coauditoría a ello está, ahora más que nunca, de actualidad. Las conclusiones obtenidas de estudios recientes sobre la auditoría en la Unión Europea (UE) avalan la preocupación existente en relación con la concentración y apertura del mercado de la auditoría, así como el importante papel que la mayoría de los interlocutores asignan a la auditoría conjunta como herramienta para ayudar en esta apertura.
2. La auditoría conjunta puede considerarse un medio eficaz para reforzar la independencia del auditor, favorecer el ejercicio del escepticismo profesional y aumentar la calidad de la auditoría.
3. En España, la concentración de auditoría de las Entidades de Interés Público (EIP) en las cuatro grandes auditoras es superior al 90%, situando a nuestro país como el segundo con una mayor concentración en la UE. La auditoría conjunta obligatoria para grandes empresas, que incluya al menos una firma que no sea una de las principales grandes firmas de auditoría, podría ser una solución que contribuya a dinamizar el mercado.
4. El mercado, en general, parece demandar más coauditoría como herramienta que favorece la competencia del sector y la calidad de las auditorías. Es cierto, sin embargo, que la implantación de esta medida requiere un análisis de coste-beneficio previo que permita llegar a la conclusión de que la medida es adecuada y proporcionada para cumplir los objetivos que se persiguen.  En este sentido, estudios al respecto concluyen que su coste no parece suponer un impedimento económico para su contratación, siendo insignificante o inmaterial su posible incremento (se podría situar entre el 2,5% al 5% del coste total de auditoría cuando sólo hay un único auditor).
5. Referido a la encuesta realizada entre el colectivo, la opinión de los auditores españoles respecto a la coauditoría es, en términos generales, bastante favorable. Cabe destacar la excelente predisposición que muestran los profesionales del sector a participar en este tipo de trabajos conjuntos (5,77 sobre 7 puntos).
6. Los encuestados parecen estar de acuerdo con que esta modalidad se extienda a todas las Entidades de Interés Público (5,42 sobre 7 puntos), si bien el grupo de compañías en el que los auditores creen más necesario que se lleve a cabo la coauditoría es en el de las que cotizan en el Ibex-35.
7. Los auditores muestran un elevado grado de acuerdo con que esta modalidad contribuye al cumplimiento del deber de independencia (5,61 sobre 7 puntos), a la reducción de la concentración del mercado de auditoría (5,45 sobre 7 puntos) y a las garantías que reciben los usuarios del informe de auditoría (5,26 sobre 7 puntos).
8. Entre las principales dificultades asociadas a la coauditoría, su grado de acuerdo no es tan elevado respecto a que aumente el coste de los trabajos (4,40 sobre 7 puntos) y, sobre todo, a que dificulte la ejecución de los mismos y dilate el tiempo de emisión del informe (3,90 sobre 7 puntos).