Gaspar Ruiz-Canela

Bangkok (EFE).- España se ha visto envuelta en un polémico arbitraje que exige a Malasia que pague 14.920 millones de dólares (unos 13.500 millones de euros) a los supuestos herederos de un antiguo sultán filipino, un proceso que la autoridades malasias tachan de nulo y fraudulento.

El cuestionado árbitro español en este litigio, Gonzalo Stampa, emitió un laudo el pasado 28 de febrero a favor de los herederos del antiguo sultán de Joló en Filipinas, concediéndoles un porcentaje de los beneficios derivados de la explotación de gas y petróleo y otros recursos naturales.

Stampa fue destituido como árbitro por un tribunal en Madrid en junio de 2021, pero unos meses más tarde se trasladó a París y prosiguió con el proceso.

La cantidad del laudo supone el 4,17 por ciento del producto interior bruto de Malasia en 2021, según datos oficiales.

ORIGEN EN ÉPOCA COLONIAL

Este rocambolesco litigio hunde sus raíces en la época colonial de finales del siglo XIX cuando Filipinas era parte del menguante Imperio español, que solo llegó a tener un control limitado sobre el sultanato de Joló, en el sur del archipiélago.

España envió varias expediciones de castigo contra el sultanato, que también ocupaba parte del norte de Borneo, para combatir la piratería y la intromisión de las potencias europeas, un escenario histórico similar al de las novelas de Emilio Salgari sobre Sandokán, el tigre de Malasia.

El entonces sultán de Joló, Muhammad Jamal al Alam, firmó en 1878 un acuerdo de cesión por perpetuidad de sus territorios en el norte de Borneo, en el actual estado de Sabah (Malasia), en favor del barón de Overbeck y Alfred Dent para la explotación de sus recursos naturales a cambio de un pago anual.

Más tarde, la empresa British North Borneo asumió la cesión de los territorios y los derechos de explotación. El último sultán de Joló reconocido murió en 1936.

Cuando Malasia se independizó en 1963, las autoridades siguieron pagando a los herederos del sultanato en Filipinas unas rentas anuales de 5.300 ringgit (unos 1.200 dólares o 1.100 euros).

Sin embargo, el Gobierno malasio dejó de pagar este dinero en 2013 cuando unos militantes en nombre del antiguo sultán realizaron una incursión en Sabah para reclamar los antiguos territorios del sultanato y fueron expulsados por las fuerzas armadas malasias tras más de un mes de enfrentamientos.

PROCESO DE ARBITRAJE

Tras el incidente, los descendientes del sultán empezaron a buscar una forma de exigir una compensación a Malasia por romper de manera unilateral el acuerdo de 1878.

Primero trataron de iniciar un proceso de arbitraje en Reino Unido, pero no recibieron respuesta y en 2017 decidieron iniciar los trámites en España, donde Stampa fue nombrado árbitro en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

No obstante, fue destituido dos años más tarde por el mismo tribunal al entender que Malasia no había sido notificada de manera correcta, algo que los herederos del sultán han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El abogado español también ha sido acusado de desobediencia grave e intrusismo por la Fiscalía española.

POSTURAS ENFRENTADAS

En un comunicado, el Gobierno malasio afirmó que el laudo es nulo debido a la destitución de Stampa por el tribunal de Madrid, además de un "auto de suspensión" emitido por el Tribunal de Apelación de París, por lo que no reconoce ninguna actuación en el proceso.

"El Gobierno de Malasia mantiene su postura de no reconocer ninguna de las actuaciones realizadas por el Sr. Stampa en el supuesto procedimiento de arbitraje, así como de no reconocer tampoco sus ilegales decisiones y laudos", señaló el Ejecutivo malasio, que se ampara en sus derechos soberanos en Sabah.

Malasia alega además que España nunca tuvo soberanía en Borneo y que las identidades de los demandantes filipinos son "dudosas y aún no han sido verificadas".

Sin embargo, unos de los abogados defensores de los herederos del sultán, Bernardo M. Cremades Jr., precisó a Efe que contra la destitución de Stampa "hay un recurso de amparo pendiente de admisión a trámite" por el Constitucional y aseguró que ninguna orden judicial ha dejado sin efecto el proceso de arbitraje ni el laudo.

"(...) consideramos que Gonzalo Stampa ha actuado en todo momento con apego a la legalidad", aseveró el abogado del bufete B. Cremades y Asociados en Madrid.

Cremades agregó que el arbitraje se refiere estrictamente a un acuerdo comercial que se cumplió "ininterrumpidamente desde 1878 hasta 2013", por lo que a su parecer no vulnera la soberanía de Malasia.

Mientras Malasia afirma que no reconoce ni ha participado en este arbitraje, el abogado insistió en que van a buscar el reconocimiento y ejecución del laudo de acuerdo con el Convenio de Nueva York de 1958, del que Malasia forma parte.