En el complejo entramado político que envuelve a España, un nuevo frente se ha abierto en contra del PSOE, Sumar y los independentistas, pero esta vez no en el ámbito puramente político, sino en el académico. Un grupo selecto de juristas de renombre, especializados en diversas ramas del Derecho, se ha unido en una serie de iniciativas editoriales y eventos para expresar su postura ante el debate sobre la amnistía a los independentistas catalanes. Este movimiento intelectual, encabezado por figuras como Manuel Aragón Reyes, Enrique Gimbernat y Agustín Ruiz Robledo, busca defender la Constitución, respaldar la labor de los jueces y tribunales, y mayoritariamente, oponerse a la propuesta de amnistía.

Dos iniciativas editoriales destacan en este contexto, como ya se hicieron eco desde El Confidencial. La primera, presentada en la Fundación Carlos de Amberes, reúne a cerca de un centenar de académicos, quienes desde sus respectivas áreas de especialización abogan por la defensa del orden constitucional. La segunda, programada para llevarse a cabo en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, promete ser otro punto de encuentro donde los expertos expresarán sus argumentos en contra de la amnistía. Entre los participantes se encuentran destacadas figuras como Teresa Freixas, Enrique Gimbernat, y Juan Luis Cebrián, quienes compartirán sus análisis y reflexiones sobre el tema en cuestión.

Una de las obras más relevantes surgidas de este movimiento es "La amnistía en España: Constitución y Estado de derecho", dirigida por los catedráticos Aragón Reyes, Gimbernat y Ruiz Robledo. Este libro coral recoge la contribución de 66 autores a través de 78 trabajos, los cuales han sido actualizados y ampliados para fortalecer las tesis presentadas. Dividido en seis temáticas principales, este compendio ofrece una visión integral del debate, abarcando desde el análisis jurídico hasta reflexiones más amplias sobre el estado de derecho español y el papel de los medios de comunicación en el contexto político actual.

El propósito de estas iniciativas académicas va más allá de simplemente expresar una opinión contraria a la amnistía. Se trata de proporcionar un marco sólido de argumentación basado en el análisis riguroso y la reflexión crítica sobre las implicaciones legales y constitucionales de dicha propuesta. En este sentido, la labor doctrinal desempeña un papel fundamental, ya que contribuye a la generación de opiniones jurídicas y la creación de líneas de pensamiento que pueden influir en los legisladores y en la sociedad en general.

La doctrina jurídica, antiguamente, se limitaba principalmente a la interpretación de la norma y a la búsqueda de su verdadero sentido y naturaleza jurídica. Sin embargo, este enfoque ha evolucionado con el tiempo, y en la actualidad, la doctrina científica está estrechamente ligada al concepto de investigación. Ya no se considera un campo exclusivo de las disciplinas técnicas, sino que también forma parte esencial del estudio de las humanidades, incluyendo las disciplinas jurídicas.

El análisis de la realidad, el estudio de los conflictos y problemas que surgen, así como la búsqueda de soluciones adecuadas y técnicamente viables conforme a la normativa vigente, son tareas fundamentales de la labor doctrinal. Estas actividades no solo facilitan a otros operadores jurídicos, como legisladores y aplicadores de la norma, encontrar el material necesario para ejercer sus funciones, sino que también les proporcionan fundamentos sólidos para la creación o aplicación de la normativa.

La labor doctrinal no se limita únicamente a la interpretación y comprensión del derecho aplicable, sino que también influye en los legisladores en el momento de dictar, modificar o derogar normas. Las opiniones jurídicas generadas por esta labor contribuyen a la creación de líneas de pensamiento o tendencias que pueden influir en el desarrollo del derecho y en la adaptación del ordenamiento jurídico a las necesidades sociales y a la correcta técnica jurídica.

Aunque la doctrina no constituye una fuente directa del Derecho en lo que afecta a la producción de normas, se ha considerado una fuente indirecta, ya que influye en las fuentes directas para producir la creación o modificación de normas. Esta influencia se reconoce desde antaño, como lo demuestra la Ley de Bases, promulgada para la elaboración del Código Civil, que expresamente menciona a las enseñanzas de la doctrina científica como una de las fuentes que debían inspirar la redacción del todavía vigente Código Civil.

Karl Larenz, en Metodología de la Ciencia del Derecho, permite sistematizar las funciones de la doctrina, resultando llamativo determinar que su trabajo comienza con la búsqueda y concreción de los principios jurídicos, una tarea que es siempre necesaria y laboriosa. Además, destaca que la labor doctrinal no constituye una mera deducción lógica, sino que implica un planteamiento valorativo y problemático que busca alcanzar un buen Derecho.

En definitiva, la importancia de la doctrina jurídica radica en su capacidad para proporcionar fundamentos sólidos para la interpretación y aplicación del derecho, así como para influir en la creación y modificación de normas. Su labor es fundamental para garantizar la coherencia y la adecuación del ordenamiento jurídico a las necesidades de la sociedad y a los principios de justicia.

Un ejemplo histórico que ilustra la relevancia de la doctrina en el contexto jurídico es el caso de Hans Kelsen durante la República de Weimar y el régimen nazi en Alemania. A pesar de las críticas y ataques recibidos durante su época, las tesis kelsenianas han sido objeto de una reevaluación constante en el ámbito académico con fines políticos peligrosos, destacando su importancia lo que atañe al Estado de Derecho y los principios democráticos.

Es importante tener en cuenta también que la historia jurídica está marcada por una diversidad de posturas y enfoques, y que no todos los profesionales del derecho se alinean con las corrientes dominantes o los regímenes políticos de su época. Así, mientras algunos juristas optaron por colaborar con regímenes autoritarios, otros mantuvieron una postura crítica y resistieron desde dentro o desde el exilio.

En el contexto actual, la labor de los académicos y juristas que se oponen a la amnistía a los independentistas catalanes representa un esfuerzo por mantener la integridad del orden constitucional y defender los principios fundamentales del Estado de Derecho. Su contribución no solo enriquece el debate público, sino que también ofrece una perspectiva fundamentada en el análisis jurídico y la reflexión ético-política, alimentando así el continuo desarrollo y evolución del sistema constitucional español.