El incremento de la transparencia en las plataformas digitales de alquiler vacacional, a través de la armonización del registro de los anfitriones o de las empresas proveedoras de servicios, ayudará a que los usuarios cuenten con una mayor seguridad jurídica al operar en ellas.
Es una de las novedades del nuevo reglamento europeo que viene a sustituir la directiva por la que se rigen las plataformas de alquiler de corta duración y que está ya obsoleta, al datar del año 2000.
Así lo explicó Patricia Benavides, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, durante la celebración del Congreso Internacional: “De la economía colaborativa al turismo sostenible: El nuevo Derecho turístico del siglo XXI”, organizado por el Grupo de Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (TOTMA) del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura y Ecosistemas Marinos Sostenibles (IU-ECOAQUA) y que se celebra esta semana en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Entre los requisitos que plantea el nuevo reglamento de la UE, normativa que será aprobada previsiblemente este año, está el registro único en las plataformas turísticas digitales de los anfitriones y la inclusión del número de licencia administrativa de la vivienda vacacional, algo que ayudará a disminuir las prácticas abusivas hacia los usuarios y de competencia desleal. Los anfitriones también deberán informar a la administración sobre el número de personas que alojan y de los ingresos que obtienen, algo que favorecerá la desaparición de alquileres ilícitos y ofertas falsas, con un sistema unificado que funcione a nivel transfronterizo.
Según explica Patricia Benavides, la propuesta de reglamento de recogida e intercambio de datos fue publicada el 7 de noviembre del 2022, y está caminando con bastante celeridad. El Consejo Europeo de las Regiones dio el visto bueno a la Comisión Europea y solicitó su paso al Parlamento Europeo, con lo que en breve podremos tener un proyecto de reglamento, adelantó.
A partir de su aprobación, las plataformas deberán diseñar su interfaz mostrando una serie de información de los proveedores a los usuarios, y quedarán fuera cualquier arrendamiento que no sea de corta duración, es decir, cualquier alquiler que supere el año.
El Congreso Internacional: “De la economía colaborativa al turismo sostenible: El nuevo Derecho turístico del siglo XXI”, fue inaugurado esta mañana por Lluís Serra Majem, rector de la ULPGC, por Inmaculada González Cabrera, directora del Congreso, profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y responsable del grupo TOTMA, y por Beatriz Fonticiella Hernández, secretaria de este encuentro.
“Vivimos en un mundo digital a la hora de organizar nuestros viajes y en el rastro que dejamos de nuestra experiencia. La contratación la hacen los usuarios mayoritariamente a través de plataformas online, por lo que la operación debe estar totalmente controlada”, apuntó el rector de la ULPGC, que señaló la importancia de incluir los retos medioambientales en las futuras normativas de un sector que crece cada vez más y “que es vital y único para experimentar y conectar con la cultura local”, agregó.
El primer panel del Congreso, que versó sobre ‘Consumidores, empresarios y plataformas intermediarias”, tuvo como moderador a Juan Carlos Sáenz, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pública de Navarra; y como ponentes a Nuria Fernández, catedrática de derecho Mercantil de la Universidad de Alicante; Rafael Lara, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pública de Navarra; a Eugenio Olmedo, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, y a la propia Patricia Benavides, titular del mismo centro universitario.
Según explicó Eugenio Olmedo, durante su intervención, la nueva legislación no solo protegerá a los consumidores sino también será crítica para proteger a los anfitriones y empresarios que utilizan estas plataformas digitales como intermediarias, evitando problemas de competencia desleal, estableciendo criterios unificados y claros para la clasificación de los anuncios en sus sites, y prohibiendo las ventas vinculadas a la oferta de bienes y servicios auxiliares, que siempre podrá incluirse en los anuncios, pero con una información detallada.
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