• El Ayuntamiento de Barcelona anunció esta pasada semana su intención de aplicar el Decreto Ley de la Generalitat encargado de regular las viviendas de uso turístico (HUT) para acabar con la totalidad de las mismas, cuya cifra asciende hasta 10.000.
• Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, pone en duda la efectividad de esta medida y señala al alcalde de dar a la ciudadanía “una de cal y una de arena” por evitar sus obligaciones, que son “incrementar el parque público de viviendas y no trasladar esa obligación a la ciudadanía”. 

El Gobierno municipal de Barcelona, liderado por el socialista Jaume Collboni, ha anunciado su intención de acabar con las 10.101 viviendas de uso turístico (HUT) que hay en la Ciudad Condal para noviembre de 2028, una medida que no será tan fácil de aplicar y que no garantizará el crecimiento del parque de vivienda residencial, tal y como advierten desde el despacho AF Legis.
 
Si bien es cierto que el Decreto Ley aprobado por la Generalitat el pasado 7 de noviembre introduce cambios sobre la regulación de las HUT, no conlleva que se eliminen todos los pisos turísticos sin más por dos motivos fundamentales.
 
“Primero porque la ley establece una serie de condicionantes para que no se concedan las licencias o se renueven y los que las tengan pueden pedir una prórroga y por tanto seguirán vigentes nueve años; y segundo porque esos pisos si pierden la licencia pueden realizar contratos de temporada por lo que no significa que automáticamente se sumarán 10.000 viviendas más al parque residencial”, revela la abogada y socia de AF Legis, Arantxa Goenaga.
 
Una de cal y una de arena
 
De la propuesta de Collboni, la abogada sí que se muestra a favor de la medida para aliviar el 30% de vivienda protegida, la cual considera un “mayor incentivo” para que los promotores se animen a construir.
 
“Por todo esto considero que se trata de una de cal y otra de arena, pues el gobierno sigue sin cumplir sus obligaciones”, critica la experta, quien pone en duda este tipo de medidas en una ciudad “incontestablemente” turística como Barcelona.
 
“El poder público tiene que garantizar el acceso a la vivienda, y por lo tanto debe dedicarse a destinar medios para incrementar el parque público, y no buscar cómo trasladar esa obligación a la ciudadanía”, sentencia la experta.

 

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