La Oficina Europea de Asilo (EASO) ha publicado su Informe Anual sobre la situación de amparo en la Unión Europea en 2017. La agencia pretende ofrecer una visión completa de la situación de asilo en los 28 Estados miembros de la UE más Noruega, Suiza, Islandia y Lienchtenstein (<<la UE+>>)
Este informe ha destacado que las peticiones de asilo de ciudadanos de ciertos países van dirigidas a un solo Estado miembro de la UE+, como fue el caso de los venezolanos en España o de los albanos en Francia. Antes de 2014 el número de solicitantes de asilo venezolanos no superaba los 100, mientras que en 2017 se registraron cerca de 12.000. Uno de cada tres solicitantes de asilo en España en 2017 era venezolano.
En conjunto, en el año 2017 el número de solicitantes de asilo en España se duplicó hasta alcanzar casi el mismo nivel que Reino Unido y posicionando a España en el sexto puesto de los principales países destinatarios de solicitudes por detrás de Reino Unido y por delante de Suecia.
El informe destaca a España junto a Grecia, por el aumento drástico que ha experimentado de solicitudes de asilo pendientes y denegadas. España, al igual que Grecia e Italia, es uno de los principales puntos de entrada para los inmigrantes que buscar llegar a Europa. En términos relativos, el número de solicitudes pendientes de una decisión aumentó un 91% en España en 2017.
En cuanto a la integridad de las políticas de asilo, muchas organizaciones de la sociedad civil mostraron su preocupación por los procedimientos de valoración de la edad de los supuestos menores. En España, respecto a los derechos y necesidades de los niños migrantes, se ha informado que las entrevistas y las decisiones no son tomadas por los funcionarios adecuados, en los términos que establece el artículo 25.3 de la Directiva de Procedimiento de la UE.
Los menores no acompañados se enfrentan a obstáculos para acceder al territorio y a los mecanismos de atención adecuados. Estos inconvenientes han provocado que en los puntos fronterizos de Ceuta y Melilla los menores se declaren a sí mismos adultos para acelerar su traslado al continente.
También en cuanto a los territorios de Ceuta y Melilla, el documento señala las diversas denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre supuestas devoluciones en caliente y expulsiones colectivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) demostró que en un caso se violó el artículo 4 del Protocolo 4 (prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros).
Por otra parte, en España, especialmente en las fronteras meridionales de Almería, Motril, Málaga, Algeciras, Murcia y Cartagena, también se identificaron en 2017 importantes inconvenientes para acceder al procedimiento. En estas zonas se trataron casos de solicitantes de asilo que, después del rescate en el mar, fueron directamente detenidos sin haber tenido la posibilidad material de presentar la solicitud de protección internacional correspondiente. El informe también menciona las condiciones pobres de los centros de detención, los lugares donde se establecen a las personas sus primeras 72 horas, en algunos emplazamientos españoles.
La EASO expresa que en ocasiones existe ausencia de información, mala calidad de la misma o acceso limitado a ella para los solicitantes de asilo en algunos Estados miembros, entre ellos España.
En cuanto al acceso a la asistencia jurídica, se informó de limitaciones en varios países entre los que se encontraba España, donde se resalta que la asistencia legal no estuvo garantizada en los centros de internamiento (CIEs). Se plantearon preocupaciones relativas a que en nuestro país la asistencia legal en llegadas a costas suele ofrecerse en sesiones grupales y no en privado de manera individualizada, lo que afecta a la calidad del servicio. A pesar de que hay un número elevado de solicitantes de asilo hispanohablantes ( venezolanos, salvadoreños, hondureños…), España tuvo que hacer frente a una importante escasez de intérpretes conocedores de otras lenguas debido a la variedad de los orígenes de los solicitantes.
El informe concluye que Europa se ha de adaptar mejor al incremento en las solicitudes de asilo y al aumento de la llegada de personas a través de las fronteras del España, Grecia e Italia. Además, recalca que los inmigrantes tienen derecho a un acceso fácil a la información legal que les afecta y a la asistencia jurídica. Según se manifiesta, España recae ocasionalmente en carencias de los medios necesarios para valorar adecuadamente todas las solicitudes de asilo de forma regular y de acuerdo con las directrices impuestas a todos los Estados miembros de la UE+ a través de la normativa común.
El Consejo General de la Abogacía Española contribuyó a la elaboración del informe aportando a la EASO su punto de vista sobre la situación del asilo en España y sobre la labor que desarrollan habitualmente tanto el Consejo, como los Colegios de Abogados o la Fundación Abogacía Española en este ámbito. En relación con la información sobre España, la EASO destaca en la página 4 de su informe, la colaboración prestada por dos entidades entre las que se encuentra el Consejo General de la Abogacía Española.
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